El cierre de un negocio no siempre implica la ausencia total de protección para los trabajadores por cuenta propia. Existe una prestación específica, conocida popularmente como el paro de los autónomos, diseñada para cubrir situaciones de cese de actividad. Sin embargo, pese a tratarse de un derecho reconocido dentro del sistema, su acceso efectivo sigue siendo uno de los puntos más controvertidos del régimen de autónomos.
Esta ayuda fue introducida en el ordenamiento jurídico mediante la Ley 32/2010, con el objetivo de ofrecer una red de seguridad similar a la que tienen los asalariados. La lógica es sencilla, de modo que si un autónomo se ve obligado a cerrar su actividad por causas justificadas, puede solicitar una prestación económica temporal.
Un derecho que pocos logran materializar
El principal problema no reside en la existencia de la prestación, sino en su aplicación práctica. Las estadísticas más recientes reflejan una realidad llamativa y complicada de entender, ya que una parte significativa de las solicitudes no prospera. Aproximadamente seis de cada diez peticiones son rechazadas, lo que reduce drásticamente el número de beneficiarios reales.
Esto implica que solo alrededor del 40% de los autónomos que cesan su actividad consigue acceder a la cobertura que se ofrece. La diferencia entre derecho teórico y acceso efectivo ha alimentado durante años el debate sobre la eficacia del mecanismo y la complejidad de sus requisitos.
Por qué se deniegan tantas solicitudes
Las causas de rechazo suelen concentrarse en varios factores recurrentes. Uno de los más habituales es la dificultad para acreditar pérdidas económicas suficientes o causas objetivas que justifiquen el cierre. La normativa exige documentación detallada y criterios probatorios ciertamente estrictos. También influyen elementos administrativos. No estar al corriente en el pago de las cuotas, no cumplir el periodo mínimo de cotización o no encajar plenamente en los supuestos legales pueden invalidar la solicitud.
Desde 2023, la cotización por cese de actividad es obligatoria, lo que amplía la base potencial de beneficiarios. No obstante, la obligación de cotizar no elimina la necesidad de cumplir condiciones adicionales cuando se solicita la prestación. El resultado es una paradoja frecuente en el sistema donde la mayoría de autónomos contribuye a financiar la cobertura, pero una parte relevante no logra activarla cuando la necesita. Así pues, la brecha entre expectativa y resolución final continúa siendo uno de los aspectos más discutidos dentro del régimen de trabajadores por cuenta propia.