En cuestiones relacionadas con la configuración territorial de España y las alianzas parlamentarias del PSOE con Esquerra y EH Bildu, el Partido Popular (PP) tiene por costumbre a picar a la puerta de los barones socialistas, sobre todo de las comunidades autónomas de interior como la del manchego Emiliano García-Page o la del extremeño Guillermo Fernández Vara, para que repliquen la estrategia de Pedro Sánchez. De hecho, el objetivo es seducir al electorado compartido que tienen en estas zonas para acabar robándoles votos y desgastándolos en las elecciones. Pasó con la reforma de la sedición, y ahora sucede lo mismo a raíz de la inclusión de exmiembros de ETA a las listas de la izquierda abertzale. "Pido el voto a los socialistas avergonzados de Sánchez", ha dicho Alberto Núñez Feijóo este domingo desde Zaragoza, donde el CIS da posibilidades de cambio al gobierno autonómico presidido por el socialista Javier Lambán.
La tesis del PP es que los líderes territoriales del PSOE no se atreven a contestar "los despropósitos" del presidente del Gobierno. Desde la capital aragonesa, Feijóo ha reconocido que Lambán sí que se anima a quejarse, tal como hizo el presidente aragonés instando al PSOE a "romper cualquier relación con Bildu" después de la polvareda que se ha levantado por las candidaturas electorales. Aun así, ha remarcado que "sus despropósitos no se solucionan levantando la voz y consiguiendo a algún titular a los medios de comunicación", sino que "se solucionan levantando la voz en el comité federal del PSOE y diciendo 'así no', y se solucionan en el Congreso y en el Senado votando de forma diferente de lo que marca Sánchez, que es cautivo de Bildu".
"El gobierno lo puede parar"
Después de asegurar que "pactar, gestionar y pactar con Bildu es indecente", haciendo referencia a las palabras de Pedro Sánchez desde Wasington, la cúpula de Génova ha encontrado la resquicio para percutir y redobla la presión para que La Moncla actúe para evitar que los antiguos etarras que han cumplido condena por terrorismo concurran en las listas abertzales el 28 de mayo. La derecha y la extrema derecha recuperan al fantasma de la ilegalización. "Quien puede parar eso es el presidente del gobierno. Es Pedro Sánchez quien tiene que mover pieza", explican fuentes del equipo de Feijóo, que consideran que el primer paso es romper relaciones con Bildu. "Eso no va de hacer declaraciones. Tiene herramientas para cambiar las cosas", remarcan las mismas fuentes, haciendo alusión a lo que dijo Sánchez desde la Casa Blanca.
Habiendo consultado expertos jurídicos, el PP cree que se puede activar la Ley de Partidos a través de la Fiscalía o la Abogacía del Estado. En el artículo 9 de esta norma, se señala que se puede "declarar ilegal un partido político" en algunos supuestos determinados. Uno de ellos es este al cual se aferran: "Incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente las finalidades y medios terroristas". Los juristas consultados por el PP afirman que "el lógico" es que el gobierno central actúe por medio de la Fiscalía o l'Advocia del Estado. Por ahora, el PP ignora la iniciativa de Vox, que ha pedido al Congreso de los Diputados que ilegalize a Bildu. Los de Santiago Abascal han registrado una propuesta para que se aplique la Ley de Partidos con el objetivo de forzar una votación, pero los populares creen que es el gobierno central quien debe tomar decisiones.