Tal día como hoy del año 1939, hace 80 años, en el contexto de los meses inmediatamente posteriores a la ocupación franquista de Catalunya y de la conclusión de la Guerra Civil española (1936-1939), la prensa de la época (La Vanguardia Española, edición del 12/08/1939), publicaba que el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas —en Barcelona —, dirigido por el coronel Jorge A. Villamide Salinero, publicaba un edicto que ordenaba a toda la población de Catalunya delatar a las personas de ideología catalanista y republicana que tenían propiedades a su nombre.

En aquel edicto se decía que: “a los ciudadanos en general para que, rindiendo culto al deber impuesto a todo buen patriota cooperen a la acción de la Justicia enviando por escrito a este alto Tribunal (...), las denuncias referentes a personas individuales (...) de las cuatro provincias de Cataluña (...) expresando sus circunstancias, relación de lo que sepa o se tenga noticia de que hayan prestado en cualquier forma directa o indirectamente servicios o auxilio a la causa rojo-separatista; de los bienes que posean, puntos donde radiquen y valor aproximado de ellos”.

Aquel operativo obedecía a una ley dictada por el régimen franquista el 09/02/1939 (el día en que las tropas franquistas habían completado la ocupación de Catalunya), que había sido implementada el 1 de agosto de 1939 con la puesta en funcionamiento del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas. Con el edicto de Villamide, el régimen franquista pretendía sumar la población civil a su aparato represor. Sólo doce días antes, el coronel José Ungría Jiménez daba el pistoletazo de salida al sistema de las delaciones reclutando a una cantidad no determinada de conserjes de fincas privadas y de taxistas.