Tal día como hoy del año 1940, hace 78 años, veintiún meses después de la ocupación franquista de Barcelona (26 de enero de 1939), Antonio de Reparaz, jefe superior de Policía de la capital catalana, admitía que los cuerpos de seguridad del régimen franquista habían aceptado y cursado “un voluminoso conjunto” de falsas denuncias anónimas que “intentan saciar deseos de particular venganza, saldar viejos odios o satisfacer bajas pasiones”. Aquellas falsas denuncias se traducían en la detención y el maltrato, y en muchas ocasiones en el juicio y la condena del acusado; con la aplicación de la ley militar que el aparato franquista imponía a los disidentes.
El mismo jefe superior de Policía Reparaz, en la nota que hacía pública, admitía que estas prácticas y procedimientos se habían generalizado hasta el extremo que, en muchas ocasiones, las denuncias se habían formulado "desfigurando los hechos" sin que la investigación policial hubiera “comprobado sus términos”. En esa nota decía que “las falsas delaciones vienen produciendo, de modo constante, inquietud en los espíritus y zozobra en los hogares que, día tras día, ven alterado su reposo con sucesivas e injustificadas detenciones”. Pero en cambio, dejaba claro que lo que más le preocupaba era que aquellas falsas denuncias minaban el crédito de “nuestra sagrada Causa”.
No hay datos concretos del número de personas que fueron víctimas de estas prácticas y procedimientos, pero debió ser escandaloso, porque el mismo jefe de policía en su nota dice: “Para poner término a este estado de cosas he resuelto no admitir, en lo sucesivo, ninguna denuncia que no sea formulada por escrito y firmada debidamente”. No obstante, en ningún caso pretendía acabar con el sistema de delaciones que había implantado el régimen franquista, y en la misma nota decía: “En la seguridad que sobre este documento (la denuncia firmada) se guardará la mayor reserva, pudiendo reclamar el demandante su devolución”.