Tal día como hoy del año 1640, hace 383 años, en el contexto de la crisis que anticipaba la Revolución de los Segadores (1640) y la Guerra de Separación (1640-1652/59), el Dietario de la Generalitat consignaba la respuesta que el abogado-fiscal de la Generalitat y su equipo de asesores habían cursado al gobierno del país, con relación a una consulta anterior con respecto a los alojamientos forzosos de las tropas hispánicas en las casas de la población civil catalana. En 1635, el conde-duque de Olivares, ministro plenipotenciario del rey Felipe IV, había desviado, a propósito, el principal frente de la guerra hispanofrancesa (1635-1659) en el Rosselló, para justificar la ocupación militar hispánica de Catalunya.

En aquella época, el ejército de la monarquía hispánica no tenía acuartelamientos en Catalunya, y los 40.000 tercios de Castilla emplazados en Catalunya (un soldado por cada doce habitantes) serían alojados en las casas particulares de la población humilde, en virtud de una ley de origen feudal que, después del triunfo de la Revolución Redención (1469), nadie había reparado que continuaba alojada en las Constituciones de Catalunya. Esta ley era el título 20 y se llamaba "De vectigals". Felipe IV y Olivares habían proclamado que las clases populares catalanas estaban obligadas en "dar a los soldados hospedage, lumbre, sal, agua, binagre, pierna, mesa y servicio".

Esta misma ley eximía a las clases privilegiadas (nobleza y élites plebeyas). Y aquí es donde se desenmascaraba el verdadero propósito de Felipe IV y de Olivares: crear un clima de conflicto que tenía que desembocar en una rebelión y tenía que culminar en el desplazamiento de las clases gobernantes catalanas del poder, como venganza por no haber aceptado la Unión de armas (la armonización fiscal y militar hispánica, calculada para Catalunya por el doble de sus habitantes). El conflicto estalló cuando los soldados hispánicos empezaron a robar, quemar silos y cosechas, mutilar y asesinar a la gente que se resistía y violar a las niñas y las mujeres de las casas que los habían acogido.

Ante la pasividad del virrey hispánico y de la inacción del rey, y al inicio de una revuelta popular, el gobierno de la Generalitat consultó a los letrados de la casa, que dictaminaron que los vectigales no autorizaban la conducta salvaje de aquella soldadesca hispánica, que se comportaba como un ejército de ocupación. Y dictaminaron, también, que Felipe IV tenía que pagar los destrozos materiales y personales que había causado su soldadesca. Felipe IV no tan solo no atendió las reclamaciones de los suyos, todavía, súbditos catalanes, sino que ordenó intensificar la represión contra la población civil que se resistía a aquella salvaje oleada de violencia.