Tal día como hoy del año 1640, hace 383 años, en el contexto de tensión que anticipaba la Revolución de los Segadores (1640) y la Guerra de Separación de Catalunya (1640-1652/59); el Dietario de la Generalitat consignaba la recepción de una misiva oficial del rey Felipe IV en relación con la crisis suscitada por los alojamientos forzosos de la tropa hispánica en territorio de Catalunya. Aquellos alojamientos se habían impuesto a la fuerza con el pretexto del conflicto bélico con la monarquía francesa (1635-1659); y el desplazamiento del principal frente de guerra en el Rosellón. La cancillería hispánica había emplazado 40.000 Tercios de Castilla en territorio catalán, y había impuesto la obligación de "dar a los soldados hospedage, lumbre, sal, agua, binagre, cama, mesa y servicio".

El ejército hispánico no tenía cuarteles propios en Catalunya; y, en virtud de una ley feudal del siglo X, se obligaba a la población a alojar a la soldadesca. Aquella situación había generado un escenario de gran tensión; porque desde el inicio de los alojamientos (1635) los militares hispánicos se habían comportado como un ejército de ocupación. La documentación oficial de la época está llena de denuncias contra aquellos soldados y oficiales; por robos, incendios, agresiones, mutilaciones, violaciones a niñas y a mujeres, y asesinatos; en el marco de las familias y de las casas que habían sido obligadas a alojarlos. Desde 1638 (elección de Pau Claris como presidente) la Generalitat había solicitado a la cancillería hispánica la revocación de los alojamientos forzosos.

Los alojamientos forzosos se habían convertido en el principal problema del país. Y, al principio de 1640, la población civil catalana se había rebelado contra aquella situación y había expulsado a los militares hispánicos. La documentación de la época revela que grupos de soldados hispánicos expulsados deambulaban por los campos; saqueando y asesinando en masías y en pequeñas poblaciones. En la misiva oficial enviada por Felipe IV, se ordenaba a la Generalitat cumplir la voluntad del rey, restaurar los alojamientos forzosos y castigar a la población rebelde. En ningún momento, el rey (y su cancillería) admitían los delitos cometidos por la soldadesca. En aquella misiva solo se hacía mención del "servicio" que prestaban en nombre de la seguridad de la "provincia".