Veremos en qué acaba todo, pero Francia ha abierto una vía de investigación en el denominado caso Pegasus y el espionaje mediante este software israelí de una serie de teléfonos móviles. En concreto, los del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. Estamos hablando de un caso que tuvo un enorme impacto en la primavera de 2022 y que se originó con la denuncia de 67 independentistas que declararon haber sido espiados, después de que una investigación de Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, detallara cómo y cuándo se infectaron los teléfonos y sugiriera la responsabilidad del CNI en el espionaje. El caso fue escalando del independentismo al gobierno español y ello provocó una importante crisis, ya que se había abierto una brecha de seguridad en plena negociación de los indultos al independentismo y de las negociaciones de España con Marruecos. 

Aunque se abrió una causa en la Audiencia Nacional, el juez encargado de la investigación la archivó ante la falta de cooperación jurídica de Israel, según se dijo. Lo cierto es que la decisión tranquilizó enormemente a la Moncloa, ya que era una enorme patata caliente mantener abierta una causa como esta, con tantas derivadas como hilos de investigación se hubieran podido seguir. Ahora, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha reabierto la investigación sobre el supuesto espionaje de los móviles de Sánchez, Robles y González Laya después de recibir nuevos datos de Francia sobre una causa llevada a cabo en el país vecino. El país galo prosiguió la investigación y ahora ha enviado al juez español una orden europea de investigación (OEI) que incorpora una causa llevada a cabo allí en 2021 por múltiples infecciones con Pegasus de teléfonos de profesionales diversos como periodistas, abogados, personalidades públicas, así como miembros del gobierno francés, ministros y diputados.

Según el juez, si se compara con los resultados de los análisis del Centro Criptológico Nacional sobre los dispositivos infectados del presidente del Gobierno y de los ministros —y eso es lo más importante— se puede avanzar en las investigaciones de ambos países para determinar la autoría. Habrá que establecer comparaciones entre las pistas encontradas en los distintos teléfonos infectados, pero hay un camino. A buen seguro, alguien del Gobierno habrá fruncido el ceño, porque no es un tema que guste remover, ya que del teléfono de Sánchez se llegaron a extraer 2,6 gigas de datos, y aunque en su día se relativizó el incidente por parte del ejecutivo español, se llegó a especular mucho. Entre otras cosas, porque el fantasma de Marruecos y sus servicios secretos sobrevoló siempre sin que se pudiera llegar a probar nunca.

El auto del juez Calama no deja duda en su intención de avanzar las investigaciones en ambos países para aclarar la autoría de estas infecciones en los teléfonos móviles

Todo ello coincidió, además, con el tema de la soberanía del Sáhara y el drástico cambio de la posición histórica española que dejó al albur de Marruecos al pueblo saharaui. El hecho de que las relaciones entre Francia y Marruecos tampoco atraviesen un momento excelente, básicamente por el acercamiento de Macron a Argelia, añaden un ingrediente de mayor complejidad a la hora situar la información recibida en la Audiencia Nacional. El auto del juez Calama no deja duda en su intención de avanzar las investigaciones en ambos países para aclarar la autoría de estas infecciones en los teléfonos móviles. Con el mar de fondo entre el poder judicial y el gobierno español, quién sabe si, a lo mejor, es un elemento más para que no acabe en esta ocasión en el fondo de un cajón.