En política hay debates que son estériles, que no conducen a ningún resultado práctico y que consumen un gran desgaste de energías; también hay otras discusiones que, con el paso de los años, se van repitiendo y acaban siendo recurrentes al entrar en modo bucle porque los argumentos siempre son los mismos; y, finalmente, están las controversias que se producen a partir de una tragedia o de una situación de enorme gravedad que, lejos de buscar la mejor solución, se asientan sobre un lodazal de demagogia que trata de tapar los errores cometidos o, peor aún, la insensibilidad ante la desgracia o el malestar de la ciudadanía. La vivienda, mejor dicho, la escasez de la vivienda, pertenece a este último apartado y le ha estallado, evidentemente por inacción, a Pedro Sánchez en la cara.
Tiene toda la pinta de que va a ser su Vietnam, como acertadamente ha señalado el politólogo Pablo Simón, que recurrió a aquella guerra iniciada en 1955, que duró dos décadas y provocó un enorme trauma en la sociedad norteamericana, como una metáfora histórica en la que Estados Unidos se vio atrapado en medio de un desgaste constante, lento y devastador. Sánchez, por comparación, penetra en un sumidero de desgaste continuo, una batalla que no puede controlar y un peligro de fuga de votos por el flanco izquierdo, el único que había conseguido restañar, aunque con ello hubiera dejado exhaustos y sin votos tanto a Sumar como a Podemos.
El principal problema para el mago Sánchez es cómo consigue pasar por encima de dos verdades irrefutables: la primera, que hace ocho años que gobierna en España, los primeros cuatro con una mayoría parlamentaria exclusivamente de izquierdas —PSOE, Sumar, Podemos, Esquerra y Bildu—; y en su segundo mandato, el iniciado a partir del verano de 2023, han sido, en su investidura, esos mismos partidos más Junts per Catalunya y PNV. El segundo dato irrebatible es que cuando Sánchez llegó al gobierno con aquella moción de censura a Rajoy, la vivienda era la decimosexta preocupación y ahora es la primera. El hecho de que muchas competencias en esta materia sean de las autonomías no elude la responsabilidad del gobierno español, ya que son la legislación estatal y la ley de vivienda las que genera la inseguridad jurídica en los pequeños propietarios, que es, al final, el detonante más importante del conflicto y lo que dificulta su solución, pues la mayoría parlamentaria para actuar contra los fondos buitre siempre ha existido.
El desahucio de Maricarmen ha cambiado el frame y ha sustituido Ceuta por la vivienda, y ahora la cuestión es aprobar un real decreto antes de este martes, después de mucho tiempo de no hacer absolutamente nada
Ahora que se compara el inicio de movilizaciones en la Puerta del Sol de Madrid con aquel 15M, hay que ser muy prudente a la hora de verificar los actores de aquel movimiento iniciado en mayo de 2011 y conocido como el de los indignados. Básicamente, porque unos, los de Sumar, se han sentado desde 2019 en el Consejo de Ministros hasta ahora, con cinco carteras, y otros, los de Podemos, estuvieron en el gobierno en los primeros cuatro años. Unos y otros han formado parte de un ejecutivo que ha visto cómo la preocupación por el tema de la vivienda iba a más y muy pocas cosas hacía, aunque la responsabilidad directa del ministerio fuera siempre del PSOE.
El desahucio de Maricarmen ha cambiado el frame y ha sustituido Ceuta por la vivienda, y ahora la cuestión es aprobar un real decreto antes de este martes, después de mucho tiempo de no hacer absolutamente nada. Incluso la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, parece felicitarse de las protestas contra el ejecutivo del que ella forma parte. También Pablo Iglesias e Irene Montero han defendido que la protesta ciudadana se extienda por todo el Estado. La guerra de Sumar y Podemos también se está jugando en esta batalla a la izquierda del PSOE entre dos partidos medio moribundos que ven aquí también una posibilidad de salir a flote.