En las próximas horas, el Congreso de los Diputados concederá el suplicatorio del diputado Francesc Homs para que sea juzgado por el Tribunal Supremo porque siendo conseller de la Presidència de la Generalitat participó activamente en la consulta participativa del 9 de noviembre del 2014. Será el cuarto miembro del Govern de la época que será juzgado por aquellos hechos, después de que el expresident Artur Mas y las exconselleres Joana Ortega e Irene Rigau ya hayan adquirido la condición plena de investigados y su caso esté en el Tribunal Superior de Justicia.

El caso de Homs presenta, sin embargo, una singularidad importante, ya que a diferencia del de los otros tres precisa de un trámite parlamentario, en este caso en el Congreso de los Diputados. Como en el caso de la investidura del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, no es suficiente el voto favorable del Partido Popular y de Ciudadanos y quién acabará decantando la votación será el Partido Socialista Obrero Español, que ya ha anunciado que se sumará a facilitar el suplicatorio. Hay también otra diferencia, en el caso de la investidura de Rajoy el PSC adoptó su propia decisión y votó en contra. En este caso ha dicho que no lo hará y que votará con el PP, C's y el PSOE.

Como sucede con cualquier decisión de una fuerza política, uno debe preguntarse, al menos, si es coherente con decisiones adoptadas en el pasado. Y, en este caso, cuesta encontrar una justificación con el voto que realizarán los socialistas. Sobre todo, porque fueron muchos sus dirigentes, cuadros, militantes y votantes los que participaron en el 9-N. Algunos ya están fuera de la organización pero otros, en cambio, siguen en ella y ocupan cargos de relevancia como, por ejemplo, sucede con Àngel Ros, presidente del PSC desde julio del 2014. No parece defendible acudir a votar y al mismo tiempo pedir que sea llevado ante la justicia aquel o aquellos que facilitaron con la colocación de las urnas la jornada participativa del 9-N.

Con la concesión del suplicatorio, el Congreso renuncia a defender la expresión de la democracia, que no es otra que la participación de los ciudadanos en una consulta. Han sido muchos los constitucionalistas que han discrepado de que la consulta fuera una vulneración de la legalidad y que hubiera materia penal. Por eso, se hace más difícil de entender la posición política del Congreso de los Diputados. Y, mucho más aún, que a eso lo llamen diálogo.