En una decisión sin precedentes en el Parlament de Catalunya, el pleno de la cámara ha procedido a enmendarse a sí mismo y ha revocado el acuerdo del 21 de julio de 2011 por el que nombraba director de la Oficina Antifrau de Catalunya al magistrado de la sección séptima (de lo penal) de la Audiencia Provincial de Barcelona Daniel de Alfonso. Una mayoría política excepcional -sólo con el voto en contra del PP-, en una legislatura en que la frontera de la independencia de Catalunya impide llegar a amplios acuerdos, apartó a De Alfonso de su cargo casi vitalicio ya que había sido designado responsable de la OAC durante nueve años. El Parlament ha actuado con celeridad, algo que muchas veces se encuentra a faltar, ante la gravedad de las conversaciones que se han ido conociendo de los dos encuentros que mantuvo con el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz.

El cese de De Alfonso no zanja ni mucho menos las consecuencias políticas del caso y ya veremos si las penales, ya que hay por delante una serie de denuncias presentadas y sobre las que no ha habido el más mínimo pronunciamiento judicial. Es evidente que las conversaciones conocidas marcan un punto de inflexión en el uso de las instituciones en beneficio de una determinada fuerza política y el intento de aniquilación de un adversario ideológico. Los ciudadanos, en la cita con la urnas del pasado domingo, no han considerado esta cuestión como central a la hora de decidir su voto y vale la pena constatar que ha sido así. Pero nada de ello resta fuerza a lo que es la exigencia de responsabilidad política por una actuación inaceptable y la persecución penal por parte de los afectados.

Una institución clave en el organigrama de la Generalitat, como es la Oficina Antifrau, ha sonrojado a una ciudadanía, aparentemente curada de espantos después de tantos años de corrupción, mientras su director convertía su trabajo en algo que atenta contra las normas más básicas de la decencia y la integridad. Es importante ahora desencallar con una cierta urgencia un nuevo nombramiento y que suscite un consenso parlamentario lo más amplio posible. A ser posible, el mismo que ha servido para cesar a De Alfonso. No hay tiempo que perder.