Cuando había empezado a consolidarse un cierto estado de ánimo pesimista de que el pronunciamiento de Europa sobre la Ley de Amnistía, aprobada por el Congreso de los Diputados en mayo de 2024, quedaba aplazado hasta después del verano, este viernes el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha acabado con todos los debates y hecho oficial que dictará sentencia sobre dicha ley el próximo 16 de julio, es decir, dentro de algo menos de cinco semanas. El tribunal se pronunciará así sobre lo que es la piedra angular que ha marcado la legislatura española, fracturado como nunca antes los bloques en la política y desencadenado una impensable guerra entre el poder judicial y el ejecutivo. Como en la justicia europea no suele haber filtraciones, su resultado será comunicado en la mañana del día 16, será leído por el magistrado correspondiente y retransmitido en directo por televisión.
Lo único que sabemos ahora, con seguridad, son las conclusiones del abogado general, Dean Spielmann, leídas en el TJUE en noviembre de 2025, que avaló la ley, asegurando que la amnistía aprobada en España es competencia exclusiva de los Estados miembros, y que, en el caso de la norma del procés, respeta el derecho de la Unión y no se han afectado fondos de la UE con el 1-O. Hay una norma no escrita, pero que responde a una estadística contrastada, de que el tribunal acaba haciendo suyos la mayoría de las veces los pronunciamientos previos del abogado general, aunque también hay unas pocas excepciones a ello, con lo que, por ahora, toca esperar. Para Spielmann, luxemburgués de 63 años, que antes había sido presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la malversación está descartada. Y ello no es un tema menor, ya que es el delito por el que el Supremo no quiere aplicar la amnistía a Puigdemont y su Govern, entre ellos su vicepresidente Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana, y su conseller Jordi Turull, secretario general de Junts.
Aunque quedarán algunos procedimientos en el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, es obvia la enorme trascendencia de la decisión del 16 de julio
El abogado del TJUE aseguró en sus conclusiones del pasado noviembre que la directiva europea no contiene ninguna disposición que prohíba expresamente el uso de mecanismos de extinción de la responsabilidad penal, como la amnistía, replicando al abogado de la Comisión Europea, que había sostenido que se trataba de una autoamnistía. Aunque quedarán algunos procedimientos en el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, es obvia la enorme trascendencia de la decisión del 16 de julio. En primer lugar, para el president exiliado, ya que su retorno a Catalunya está condicionado a la decisión del TJUE, y un fallo favorable pondría punto y final —o debería ser así— a una situación personal del todo inexplicable y que a finales del próximo mes de octubre cumplirá diez años. En segundo lugar, están decenas de líderes y activistas independentistas, pendientes de la Gran Sala del TJUE de Luxemburgo, compuesta por quince jueces, para beneficiarse de la amnistía.
Si el fallo acaba siendo una ratificación de las conclusiones del abogado general, haría falta tan solo que el Tribunal Supremo no utilizara atajos jurídicos y aceptara su vuelta sin condiciones o que el Tribunal Constitucional procediera a consolidar la sentencia europea. Lo segundo acabará pasando, en todo caso, a partir de septiembre, a la vuelta del verano. Respecto al Supremo, podría ser incluso antes; depende de la posición de Manuel Marchena y Pablo Llarena. Habría un tercer camino: que el president Puigdemont, con una sentencia favorable del TJUE, se presentara en Catalunya si Supremo y Constitucional se hicieran los remolones. Pero eso, hoy, es avanzar mucho y no es más que una hipótesis. Lo único cierto es que el cronómetro final se ha puesto en marcha y ahora con una fecha definitiva que permitirá cerrar, sea cual sea el resultado, una etapa negra, muy negra, de España.