La decisión del presidente del Tribunal Constitucional de convocar este mismo miércoles por la noche un plenario del organismo para las 10 de la mañana del jueves, con un único punto en el orden del día —la petición del Partido Popular de impedir la reforma del poder judicial propuesta por Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados— es un hecho de enorme gravedad. Supone el asalto, o al menos, el intento de los magistrados más cercanos al Partido Popular de bloquear, a cara descubierta, decisiones que no le competen al poder judicial y que son estrictamente propias del poder político. El infernal ruido de las togas, alzadas como único poder del desestructurado estado español, libra una batalla más importante de lo que parece. No solo si hay separación de poderes entre el poder legislativo y el judicial, algo fundamental y básico en una democracia, sino confirmar si va a ser verdad que la famosa separación de poderes de Montesquieu ya no es ni necesaria, porque el único poder existente es el judicial que hace y deshace a su antojo.

Los adjetivos subidos de tono contra el Tribunal Constitucional y los movimientos que intenta la derecha son, sin duda, los más elevados que se habían escuchado nunca. Así se acusa directamente de golpistas a los magistrados por su inquietante intervención. Hay un auténtico pulso del poder judicial que no está dispuesto a perder lo ganado y regresar a sus despachos a dictar exclusivamente sentencias. Y en esta lucha, que se libra exclusivamente en Madrid, por extraño que parezca, el PSOE de Pedro Sánchez está en franca minoría. Y lo está sufriendo: nunca el poder judicial se atrevió a plantarle cara a un presidente del gobierno español con la deslealtad institucional con que se están comportando. Y lo que es más relevante: jaleados por unos medios de comunicación que han dejado muchos de ellos de ser de derechas para pasar a ser literalmente ultras.

En algún sitio leía estas últimas horas que dónde estaba el Rey. No parecía una pregunta retórica, sino más bien una interpelación de auxilio. O hay mucho ingenuo o hay mucha candidez. Porque Felipe VI está haciendo una interpretación de su papel constitucional muy sui generis: hizo de político en el referéndum del 1 de octubre más allá de sus competencias y recibe y escucha los cantos de PP y Vox por encima de sus atribuciones. Los que dijimos que, en el futuro, no le iba a salir gratis a la democracia española haber dejado en manos de la justicia lo que eran decisiones exclusivamente políticas durante el procés catalán, ya que se les daba un papel a los togados que no les correspondía, no estábamos errados.

Lo que pasa es que era fácil aplaudir a los Marchena, Lesmes, Llarena y compañía cuando se trataba de condenar a independentistas. Aquí todos hablaban de la independencia de la justicia; qué frase tan bonita y tan pocas veces cierta. Ahora, con el independentismo peleándose en sus propias miserias, el trofeo a cobrarse por la alta magistratura se llama directamente Pedro Sánchez y no se puede decir que no dediquen el máximo empeño a ello. No sé cómo acabará el pleno extraordinario y urgente del Constitucional y si decidirá paralizar la reforma del poder judicial en marcha. Sería un asalto a las instituciones en toda la regla que pondría patas arriba el funcionamiento que se debería esperar de un estado, que no deja de repetir una y otra vez que es una democracia consolidada. Mientras los hechos le traicionan cada día y delante del espejo aparece, cada vez más, el rey desnudo.