Hay que llegar hasta el final del voto particular formulado por los magistrados del Tribunal Constitucional Juan Antonio Xiol Ríos y María Luisa Balaguer Callejón a la sentencia condenatoria de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez de nueve años de prisión y otros tantos de inhabilitación emitida por el Tribunal Supremo para encontrar el meollo de la que, a buen seguro, acabará siendo también la tesis de las instancias judiciales europeas. Dice así la posición de Xiol y Balaguer: "La respuesta penal, especialmente con la severidad impuesta al recurrente, frente a la mera convocatoria de actos que, aunque lo fueran para oponerse a la ejecución de resoluciones judiciales, tenían como objetivo último presionar al Gobierno en favor de una negociación política que posibilitara abordar la cuestión de la independencia de Catalunya, supone una injerencia en el derecho de reunión, con un devastador efecto desaliento sobre este derecho, que amenaza con empobrecer nuestra democracia, con alinearnos con sociedades disciplinadas por el abuso de sistema penal en la represión de conductas que se desenvuelven en el ámbito material de derechos fundamentales y con alejarnos, en definitiva, de la necesidad de una interpretación y aplicación progresiva de aquellos derechos que posibilitan la normal participación de la ciudadanía en las democracias plenas".

Cierto que solo son dos miembros del TC frente a la mayoría de siete magistrados que han dado por buena la condena del Supremo de Cuixart y Sànchez. Pero que haya dos magistrados del Constitucional que hablen de un devastador efecto sobre el derecho de reunión, de empobrecer la democracia con la sentencia, la comparación con sociedades represivas en derechos fundamentales y el alejamiento de sociedades que son una democracia plena y consolidada, son cuatro elementos punitivos contra España de una gravedad colosal. El recordatorio permanente de lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una constante a lo largo de la veintena de páginas, así como el recordatorio de la doctrina jurídica europea.

No encuentro en todo el voto particular una grieta por la que puedan librarse en la justicia europea los miembros de la Sala Segunda del Supremo. Hace mucho tiempo que ello se hace evidente cuando hablamos de cuál está siendo la justicia de los diferentes países de la Unión que han tenido que abordar casos relacionados con los políticos exiliados. Negativa a aceptar las órdenes de extradición que han ido decayendo en casos como, por ejemplo, el conseller Lluís Puig,  elección como eurodiputados de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí y, más recientemente, la recuperación de la inmunidad total que les había retirado el Europarlamento tras las presiones de los grupos políticos españoles a las familias políticas socialistas, conservadoras y liberales.

No es un aspecto menor cómo le dan la vuelta los dos magistrados del TC a lo que es una democracia plena y consolidada, algo que suelen repetir desde Felipe VI, el gobierno español, el PP, los medios de comunicación del régimen y voceros varios al referirse a España. Harían bien Cuixart y Sánchez en enviar a todas las autoridades españolas el voto particular. En Madrid habrá escocido pero abre la puerta de Luxemburgo de par en par.

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