La esperada condena por el llamado caso Mascarillas, en que aparece implicado el exministro José Luis Ábalos —del 7 de junio de 2018 hasta el 13 de enero de 2020— y exsecretario de organización y número dos del PSOE —del 18 de junio de 2017 hasta el 12 de julio de 2021—, ha sido ejemplar: 24 años de prisión por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Es el quinto ministro con condena firme de la democracia que entrará en prisión después de Jaume Matas, Eduardo Zaplana y Rodrigo Rato, también por corrupción, y José Barrionuevo por el caso GAL y el secuestro de Segundo Marey. Ninguno de ellos tuvo una condena tan alta ni la sentencia se produjo con el presidente que lo nombró —Pedro Sánchez— en el cargo. Su colaborador Koldo García deberá cumplir 19 años y el empresario Víctor de Aldama tan solo cuatro y medio —además, sin entrar en prisión— después de haber confesado y colaborado con la Justicia.
Una vez más, la semana ha empezado con una noticia judicial y uno pierde ya la cuenta de las veces que esa situación se repite. Y con una condena implacable para Ábalos, que hoy aparece como un apestado en las filas socialistas, pero que hasta hace cuatro días —porque seis años es en realidad un período muy corto— se sentaba en el Consejo de Ministros y hacía y deshacía en el PSOE como número dos. En el caso de Ábalos, ya que Koldo es un personaje políticamente menor, condenado por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, está un dato no menor y que refleja la catadura del personaje: fue el diputado escogido por Pedro Sánchez para presentar la moción de censura a Mariano Rajoy. Entiendo que fue escogido por el PSOE para defender ante toda España por qué no podía continuar el PP gobernando después de la sentencia contra el PP por corrupción.
La sentencia, que considera probado que Ábalos era el jefe de la trama corrupta, considera probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama, aprovechando la emergencia de la pandemia del coronavirus y la influencia política del entonces ministro. También lo condena por otros tan variados como la remuneración mensual de 10.000 euros para gastos fijos de Ábalos, la contratación de dos mujeres vinculadas al exministro en empresas públicas, el pago del piso de alquiler a una de ellas, el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción, también con opción de compra, por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.
El Supremo ha sido generoso con Aldama, esperando que esa decisión actúe de reclamo y ablande la posición de aquellos que tienen información
Quizás la principal novedad de la condena, más allá de los años de prisión a Ábalos y Koldo, era qué sucedía con Aldama y qué beneficios obtenía de su colaboración con el Supremo, sobre todo ante la multitud de casos de corrupción que están en trámite en diferentes juzgados de la Audiencia Nacional o en juzgados menores. Pues bien, el Supremo ha sido generoso con Aldama, esperando que esa decisión actúe de reclamo y ablande la posición de aquellos que tienen información si, a cambio, tienen una condena más llevadera. La manera como muchos se han llevado las manos a la cabeza es fruto de su desinformación sobre cómo van estas cosas en los tribunales o del hecho de que sea un camino utilizado a partir de ahora por más de uno. En cualquier caso, no hay novedad en ello; otra cosa es la opinión que cada uno pueda tener sobre el hecho de que quien ha actuado como inductor a la corrupción tenga un castigo menor que los corrompidos.
El propio Aldama no se anduvo con rodeos después de conocer la sentencia: "La colaboración sirve. Espero que los otros que vienen detrás colaboren. Quien venga detrás que colabore con la Justicia". A él le ha salido francamente bien, ya que su baja condena de cuatro años y medio de prisión por su participación en la trama se ve aún disminuida al haber decidido el Supremo suspender la ejecución de la pena. Le queda únicamente la obligación de prestar trabajos comunitarios durante un año.