Aldama, después de esquivar la cárcel: "Quien venga detrás, que colabore con la justicia. Funciona"

Víctor de Aldama ha salido del Tribunal Supremo condenado, pero sin tener que entrar en prisión. Y lo ha hecho con un mensaje tan directo como incómodo para el resto de implicados en la trama: colaborar con la Justicia puede cambiarlo todo.

"La colaboración sirve", ha afirmado el comisionista después de conocer la sentencia del caso Mascarillas. No se ha quedado aquí. Ante los medios, Aldama ha querido convertir su caso en un aviso para los que puedan venir detrás de él: "Espero que los otros que vienen detrás colaboren". Y todavía lo ha resumido con una frase más clara: "Quien venga detrás, que colabore con la Justicia".

El mensaje llega después de que el Supremo lo haya condenado a cuatro años y medio de prisión por su participación en la trama, pero haya decidido suspender la ejecución de la pena. Es decir, Aldama ha sido condenado, pero no ingresará en prisión si cumple las condiciones impuestas por el tribunal.

El mensaje de Aldama: hablar puede evitar la prisión

Aldama no se ha presentado como alguien absuelto, sino como alguien que ha pagado menos consecuencias por haber colaborado. Su frase sobre los que “vienen detrás” apunta precisamente a eso, quien aporte información útil a la Justicia puede obtener una rebaja penal o incluso esquivar la entrada en prisión. 

Según la sentencia, su aportación ayudó al descubrimiento de los delitos y tuvo relevancia para avanzar en la investigación. Este punto es el que explica la diferencia entre la condena formal y el hecho de que no tenga que cumplirla dentro de un centro penitenciario.

Aldama, además, no ha intentado desmarcarse completamente de los hechos. El tribunal valora que admitió su participación y que sus manifestaciones quedaron reforzadas por informes de la UCO y por declaraciones de varios testigos.

¿Por qué se ha librado exactamente de la prisión?

El Supremo le ha condenado a cuatro años y medio por delitos vinculados a la trama de las mascarillas, pero las penas individuales impuestas por cada delito no superan los dos años. Esto abre la puerta a suspender la ejecución de la pena, especialmente cuando el tribunal aprecia una colaboración relevante con la Justicia.

Aldama deberá cumplir diversas condiciones: no volver a delinquir, presentar un informe semestral sobre sus actividades y realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad. También deberá asumir las responsabilidades económicas fijadas en la resolución, entre las que se encuentra una multa de 72.000 euros.

Una colaboración que llegó después de pasar por prisión preventiva

La decisión de Aldama de hablar no llegó al principio del caso. El comisionista fue detenido en febrero de 2024, cuando estalló el caso Koldo, y quedó en libertad dos días después con medidas cautelares. Su colaboración con la Justicia llegó meses más tarde, cuando ya estaba en prisión preventiva por otra causa, relacionada con un presunto fraude de IVA en el sector de los hidrocarburos.

Declaró durante horas ante el juez del caso Koldo. Aquel mismo día, su defensa comunicó al juzgado que investigaba la causa de los hidrocarburos que Aldama había empezado a colaborar con la Justicia. La Fiscalía Anticorrupción valoró esta disposición y el juez Santiago Pedraz acordó su excarcelación aquella misma noche.

Ábalos y Koldo, las condenas más duras de la sentencia

El contraste con el resto de condenados es notable. El Supremo ha impuesto 24 años y tres meses de prisión al exministro José Luis Ábalos y 19 años y ocho meses a su exasesor Koldo García. La sentencia considera probado que los tres formaron parte de una estructura organizada para obtener beneficios aprovechando contratos públicos y favores vinculados al Ministerio de Transportes durante la pandemia.

Según el tribunal, Ábalos aportaba el peso institucional del cargo, Koldo García actuaba como enlace y Aldama ponía sobre la mesa los contactos, las conexiones empresariales y las operaciones que permitían obtener beneficios. La trama, según la resolución, afectó a adjudicaciones de suministro de mascarillas a organismos como Puertos del Estado y Adif.