Las declaraciones del diputado de Esquerra Republicana y miembro de la Mesa del Parlament Ruben Wagensberg, el día que se ha hecho público que desde hace un tiempo había desplazado su residencia a Suiza, no pueden ser más elocuentes: "Tengo miedo de volver a Catalunya viendo como se está poniendo la situación; miedo a una detención arbitraria". Para los que no lo saben, las razones de ese miedo tienen que ver con la causa que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón sobre el caso Tsunami Democràtic y en la que ha incorporado la acusación de terrorismo al president en el exilio Carles Puigdemont y a la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, y en la que también aparecen una decena más de personas, entre ellas Wagensberg, así como otros simpatizantes independentistas, algunos vinculados a partidos y entidades soberanistas.

No es nada extraña la postura de Wagensberg, a la vista de todo lo que estamos viviendo. Tampoco es casualidad que la noticia se haya conocido después de que el Congreso de los Diputados haya rechazado la ley de amnistía por el voto contrario de Junts, que ha supuesto una contrariedad no menor para el PSOE y muy especialmente para Pedro Sánchez. El medio a veces es el mensaje y se publicó inicialmente en El Confidencial con una detonación en varias direcciones: la primera, abriendo el camino a que García-Castellón cite a los encausados investigados más pronto que tarde; la segunda, sembrando dudas sobre la efectividad real de la ley de amnistía en el futuro y no solo con el redactado actual, que, por otro lado, necesita ajustarse seriamente. No es normal que la gente tenga miedo no por hechos probados, sino por acusaciones inconsistentes.

En el fondo se está hablando de la inexistencia de garantías judiciales, algo que con otras palabras también ha verbalizado este martes la vicepresidenta primera del gobierno español, María Jesús Montero, que ha afirmado que entendía perfectamente que Wagensberg se hubiera ido a Suiza. No deja de ser preocupante proyectar estas palabras de Montero a todo lo que está sucediendo en los juzgados de García-Castellón y, en Barcelona, en el de Joaquín Aguirre. Me atrevería a decir que se está amasando una pelota jurídica para un nuevo juicio al procés. Como si el anterior, el de 2019 en el Tribunal Supremo, no se hubiera hecho o fuera insuficiente. El juicio al procés 3.0 que tiene un encaje jurídico prácticamente imposible, como han destacado juristas importantes y la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional, que se ha opuesto a las acusaciones de terrorismo, y también la Fiscalía de Barcelona en el caso Volhov por entender que hay una falta de motivación lógica de la investigación y, esencialmente, en su carácter prospectivo.

Se trata de ir construyendo el armazón mediático del nuevo juicio al independentismo y que la ley de amnistía no sea aplicable a un número indeterminado de personas

Pero García-Castellón y Aguirre siguen a lo suyo con acusaciones muy graves, de calado. Acusaciones que tienen, lógicamente, su impacto en Europa, porque no son capaces de hacerse a la idea de las fronteras que ha cruzado la justicia española y solo alcanzan a ver que delante hay acusaciones de terrorismo y de traición. En el 2017 y siguientes se hablaba de golpe de estado y de rebelión. Después, ni el Tribunal Supremo fue capaz de sostenerlo y se bajó un grado, a sedición. Pero ya había calado y eran unos golpistas acusados de rebelión. Lo importante era el relato —por cierto, el PSOE también estaba aquí en aquellos tiempos— y lo que decían las televisiones. Hoy se sitúa en el aparador el terrorismo y la traición. El primero adornado de píldoras falsas, pero efectistas, en las que aparece incluso una supuesta caravana real sobre la que se pretendía atentar. Nada parece ser verdad: ni la caravana, ni la preparación del supuesto atentado. Pero se divulga centenares de veces y se debate sobre ello.

En el caso de Volhov están los espías rusos y Putin apoyando la independencia de Catalunya en una historia que no da ni para un guion de una película. Pero también es lo de menos. Se trata de ir construyendo el armazón mediático del nuevo juicio al independentismo y que la ley de amnistía no sea aplicable a un número indeterminat de personas, que ahora se calcula que pueden ser unas setenta, pero que, como todas las causas prospectivas, se puede ir haciendo crecer a gusto del consumidor.