Aunque la sangre no llegará al río, las dos partes saben lo mucho que se juegan, el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos ha atravesado este martes una de aquellas crisis de aparente alto voltaje. Por el tema de fondo objeto de la discusión —la ley del solo sí es sí—, por el momento elegido —la víspera del 8-M— y por la forma en que se han planteado las diferencias, abruptamente, en el Congreso de los Diputados. La interpretación judicial de la ley del solo sí es sí, con un goteo de rebajas de condena de casi 800 agresores sexuales hasta principios de esta semana y alrededor de 80 excarcelados por los tribunales tras pedir revisión de su situación procesal, hace ya tiempo que colocó el actual redactado de la ley vigente en vía muerta. Los socialistas no podían ir con este tema de tanto calado entre su electorado más moderado a una convocatoria electoral, y Unidas Podemos no podía apearse de su proyecto estrella.

No había, por tanto, más camino que pactar las diferencias y salvaguardar lo más preciado que comparten y que no es otra cosa que el gobierno de coalición. A partir de aquí, los socialistas tendrán un pasajero y puntual ataque de bochorno por sacar adelante su iniciativa legislativa de modificación de la ley con el PP de Alberto Núñez Feijóo, pero a cambio se asegurarán que este tema no les siga golpeando un día sí y otro también en las portadas de los diarios editados en Madrid y en las radios y televisiones españolas. Unidas Podemos y la ministra Irene Montero perderán la batalla políticamente hablando, pero habrán aguantado la embestida de Pedro Sánchez, de quien consta que le pidió que la rectificación del gobierno la liderara ella y se opuso.

Como que en la Moncloa todos los movimientos políticos se miden en puntos electorales, habrá que ver si en unas semanas el PSOE consigue salir de las dificultades electorales que tiene y que le auguran los diferentes sondeos publicados y que de ser verdad se traduciría en una pérdida de poder importante el próximo 28 de mayo y el preludio de lo que podría pasar después cuando a finales de noviembre o principios de diciembre se celebren las elecciones españolas. Es obvio que los socialistas han fracasado con su viraje a la izquierda, ya que no han conseguido equilibrar su pulso con el PP y, además, las encuestas pronostican más diputados a Vox que a Unidas Podemos o la nueva plataforma de Yolanda Díaz, Sumar.

En esta tesitura, Sánchez mira de recuperar las mujeres votantes socialistas —más allá de las feministas que hoy saldrán a la calle— y dejarle espacio a Unidas Podemos para crecer y que los votos que alcancen no se pierdan en decenas de provincias donde hay menos escaños y el reparto actual solo es entre PP, PSOE y Vox. Muy probablemente, el PSOE vivirá un amargo 8-M, acostumbrado como está a ser el centro de atención y con el PP en el gobierno a liderar este tipo de reivindicaciones. Quizás por ello el Gobierno se ha sacado precipitadamente, y como es marca de la casa, un ambicioso proyecto, como es el de la ley de representación paritaria, para asegurar la paridad en futuros gobiernos y en la dirección de las grandes empresas.

Un proyecto de esta envergadura no debería ser una respuesta a su cambio de posición de la ley del solo sí es sí, sino una iniciativa que buscara la unanimidad del Congreso, ya que se ha demostrado que las cosas solo avanzan con normas estrictas, irreversibles y tasadas en el tiempo. El paso de la recomendación a la obligatoriedad es imprescindible y que además de englobar listas electorales, gobiernos y estructura de la administración, también afecte a las empresas del Ibex, que tendrán que cumplir el porcentaje mínimo del 40% antes del 1 de julio de 2024 y las empresas con más de 250 empleados antes de julio de 2026, una iniciativa loable. Que la patronal española esté en contra no hace sino reflejar la histórica resistencia al cambio de la CEOE, un freno para cualquier avance del país.