El independentismo catalán obtuvo este viernes una victoria de calidad en el pulso que mantiene contra el estado español por el uso del programa Pegasus utilizado para obtener, por procedimientos ilegales, información confidencial como quedó demostrado en el informe elaborado por el instituto canadiense de la Universidad de Toronto, Citizen Lab. La negativa del Gobierno español a investigar lo que es el mayor escándalo de espionaje llevado a cabo por un estado europeo contra un colectivo, en este caso el movimiento independentista, ha topado con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que reclama a las autoridades españolas que no se limiten a recoger la denuncia sino que abran una investigación a fondo.

No cabe esperar ningún movimiento por parte del estado español, que cerró como pudo la bomba informativa que supuso la publicación del informe de Citizen Lab y zanjó con la dimisión de la directora general del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban. Fue, evidentemente, un cortafuegos para evitar males mayores y proteger a la ministra de Defensa, Margarita Robles, una pieza de caza mayor que Pedro Sánchez protegió y no entregó su cabeza, por más que el president Pere Aragonès la exigió para mantener unas relaciones normales entre ambos gobiernos. Aragonès fue uno de los cuatro presidentes de la Generalitat espiado por Pegasus junto a Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra.

En el caso de Aragonès se daba, además, la circunstancia de que el espionaje se había llevado a cabo en medio de las negociaciones catalanas para formar Govern. Dicho en plata, el CNI y por extensión la Moncloa supo en directo los movimientos que se estaban planificando y tenía capacidad suficiente para responder, ya que conocía todos los movimientos. El Alto Comisionado exige a España que se lleve a cabo "una investigación completa, justa y efectiva" sobre las denuncias que han formulado los independentistas. Viene a ser también un aval al informe aprobado el pasado mes de enero por tres relatores especiales de la ONU que se habían encargado del caso: el Relator Especial sobre cuestiones de las minorías, la Relatora Especial sobre promoción y protección de derecho a la libertad de opinión y de expresión, y el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

La decisión del Alto Comisionado viene a cerrar una semana en que Europa ha vuelto a acotar las actuaciones españolas, tanto del poder político como del judicial. El pasado martes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ponía importantes trabas a la extradición del president Carles Puigdemont y del resto de exiliados en el marco de las cuestiones preliminares solicitadas por el juez Pablo Llarena a la hora de formular unas nuevas euroórdenes. La enmienda a que el Tribunal Supremo sea el órgano jurisdiccional que debe hacerse cargo de la causa y la aceptación a examinar la existencia de deficiencias en el sistema judicial español contra un grupo objetivamente identificable, como el independentista, ha sembrado de clavos un camino que el alto tribunal se prometía muy feliz.

De las primeras reacciones eufóricas del Supremo y de la prensa española se ha pasado a la cautela del Fiscal General del Estado y al anuncio de que Pablo Llarena iba a esperar en la presentación de las euroórdenes. Un giro imprevisto, después del pronunciamiento del TJUE tras haber leído a fondo la sentencia emitida por el Tribunal de Luxemburgo.