Después de muchos tira y afloja entre las instituciones económicas catalanas, finalmente, se han puesto de acuerdo para hacer pública una nota sobre el pacto acordado para la nueva financiación autonómica. Un acuerdo, recodemos, a tres, entre el gobierno español, el Govern de Catalunya y Esquerra Republicana. El documento no deja ganadores y perdedores de una manera contundente, pero eleva bastante el listón de las exigencias, en línea de entidades más exigentes como Foment de Treball o la fundación FemCat. La frase final de que es "un punto de partida que supone una mejora, pero no es suficiente", viene a sintetizar el acuerdo alcanzado. La nota también recoge una cifra que es sustantiva en estos momentos de crisis de las infraestructuras en Catalunya, al resaltar que "la situación de las infraestructuras es crítica, como es de actualidad, poniendo en evidencia un déficit acumulado de infraestructuras por un valor similar al presupuesto de la Generalitat". Las cuentas de la Generalitat de 2023, actualmente prorrogadas, se cifran en unos 40.500 millones de euros.

Es evidente que el parto del documento no ha sido fácil desde que la consellera de Economía, Alícia Romero, les pidió hace unas semanas a los miembros del autodenominado G8 —Cambres de Comerç, Cercle d'Economia, Col·legi d'Economistes, FemCAT, Fira Barcelona, Pimec, Barcelona Global y RACC— que avalaran el pacto sobre financiación autonómica acordado en Madrid. La misma ayuda se la pidió el president Salvador Illa, antes de ingresar en el Hospital Vall d'Hebron, en el que permanece ingresado desde el pasado día 17. Por aquellos días, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, había hecho unas declaraciones en las que consideraba claramente insuficiente la nueva propuesta de financiación autonómica. La patronal catalana también recordaba que Catalunya sufría un déficit estructural en financiación y también en inversión en infraestructuras. La falta de inversión en infraestructuras durante los últimos 14 años supone un déficit de 42.500 millones de euros. Este posicionamiento de Foment abrío una grieta significativa entre la patronal y el Govern que consideró que con este posicionamiento no se le había respetado.

A la pregunta de si el modelo es suficiente o no, los empresarios catalanes consideran que no

En plena elaboración del documento por parte del G8 han sucedido dos cosas: la primera, que era extraño sacar este documento sin Foment, que no forma parte de este club. Y, en segundo lugar, la elección de Tatxo Benet como nuevo presidente de FemCat. La combinación de ambas circunstancias obligó a la Cambra a amoldar el borrador inicial, mucho más cercano al acuerdo de financiación que se había alcanzado en Madrid. Foment hacía unas exigencias en las enmiendas que presentaba en línea con lo dicho por su president y FemCat estaba también en una posición muy similar. Al final, todos tienen donde agarrarse: aunque reconocer que es un punto de partida que es una mejora es casi una obviedad, ya que ningún acuerdo ha sido inferior al anterior en financiación autonómica en los últimos 40 años, allí está para los que se quieran agarrar a ello.

Que se resalte que no es suficiente no es lo mismo que decir que es claramente insuficiente, pero vienen a decir lo mismo una vez los moderados han pasado el cepillo. Porque a la pregunta de si el modelo es suficiente o no, los empresarios catalanes consideran que no. Después está el tema del déficit de las infraestructuras del Estado con Catalunya. Poner la cifra de más de 40.000 millones en los últimos años, aunque sea por la vía de no dar la cantidad y decir que equivale al presupuesto de la Generalitat, es una trampa de los redactores, pero en seguida se sabe de lo que estamos hablando.  La nota también urge a los partidos catalanes a trabajar juntos para mejorar el modelo propuesto y garantizar que los cambios se consoliden en el futuro. En este aspecto es importante saber como se va a mejorar el modelo propuesto. Veremos quienes están en ello y qué mejora se puede conseguir, que no debería ser más dinero, sino un incremento estructural de la capacidad para recaudar, gestionar y administrar todos los impuestos de Catalunya. En el plazo que se acuerde pero sin renunciar a nada de ello.