La polémica contratación de Guinadell Orriols, la hija mayor de la alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, como agente interina de la Policía Local ha desencadenado una confrontación política importante y un debate ético-moral sobre cuáles son los límites en una situación como esta. Pongámonos en antecedentes: la joven, de 19 años, tomó posesión de su plaza el pasado 17 de julio, tras superar un procedimiento de selección convocado por la vía de urgencia para cubrir la falta de efectivos del cuerpo. La alcaldesa insiste en que se mantuvo al margen del procedimiento, pero siete días después de cerrarse el plazo de presentación de solicitudes, el 30 de junio, fue ella misma quien resolvió diversos aspectos clave del proceso. Según el decreto, Sílvia Orriols —de quien el mismo documento recuerda que "ostenta el mando superior de la Policía Local"— nombró a los miembros del tribunal calificador, formado por una sargento y dos cabos del cuerpo, y también fijó las pruebas de acceso, los criterios de valoración y el calendario del proceso.
Hay un caso obvio de conflicto de intereses y, no cabe duda, de que Orriols sabía que este tema acabaría generando una polémica, aunque, a estas alturas, nadie sabe si eso electoralmente le beneficia o no, ya que su defensa de que es atacada por todos porque las encuestas le van a favor puede ser asumida acríticamente por sus partidarios. No hay apariencia de neutralidad y la pulcritud se tiene que dar siempre. La famosa frase popular atribuida a Julio César en relación con su esposa Pompeya le viene que ni anillo al dedo: la mujer del César no solo debe ser honrada, sino además parecerlo. O lo que es lo mismo, aquellas personas con autoridad o visibilidad pública importante deben evitar no solo los malos actos, sino también cualquier situación dudosa o sospechosa. Hay que estar muy ciego o muy por encima del rasante del común de los mortales para no darse cuenta de ello. La alcaldesa rechaza cualquier sospecha de trato de favor y asegura que su hija obtuvo la mejor puntuación en todas las pruebas del proceso simplificado, con más de dos puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, después de la entrevista personal con tres responsables de la Policía Local, el sargento antes citado y los dos cabos.
Debe acostumbrarse a que sus hechos sean juzgados con el mismo tamiz que los familiares de otros políticos. No más, pero tampoco menos
Orriols, acostumbrada a victimizarse ante las acusaciones, ha hecho varias declaraciones estas últimas horas explicándose y defendiéndose. Tiene todo el derecho a hacerlo, nadie lo discute. Pero también debe acostumbrarse a que sus hechos sean juzgados con el mismo tamiz que los familiares de otros políticos. No más, pero tampoco menos. Y en los últimos tiempos hemos visto casos más importantes que el suyo que han ocupado páginas y portadas repetidamente en medios de comunicación. El hecho de que sus expectativas electorales sean muy importantes no le exime del juicio de la opinión pública, y en la vida no todo es una conspiración. También hay errores y este es uno de ellos. Resumiendo: refugiarse en que es atacada porque en las encuestas parece no tener techo es infantil y también una defensa demasiado pobre. Nadie hasta la fecha le ha acusado formalmente de nada ilegal, ni la Fiscalía Anticorrupción ha actuado de oficio, ni ningún partido político ha puesto una denuncia en el juzgado.
Aunque no se haya acreditado hasta la fecha ninguna ilegalidad, el caso plantea, lo quiera o no la alcaldesa de Ripoll, un debate sobre la ética pública y la conveniencia de evitar situaciones que puedan generar dudas sobre la imparcialidad de la administración. Desde el punto de vista ético, el hecho de que la hija de una alcaldesa sea contratada por el mismo ayuntamiento que ella dirige plantea una cuestión de apariencia de imparcialidad. Aunque el proceso haya sido correcto, que ahora se deberá analizar mucho más a fondo, es comprensible que surjan preguntas sobre si se debería haber evitado esa situación. Ese es precisamente el tipo de casos para los que existen los códigos de buen gobierno. Muchos de ellos insisten en que los responsables públicos deben evitar no solo los conflictos de intereses reales, sino también las situaciones que puedan generar una percepción de conflicto. Y si eso no se tiene claro en un ayuntamiento, ¿qué puede llegar a pasar con una administración como la Generalitat?