La polémica por la incorporación de la hija de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, a la Policía Local sigue escalando y ya ha provocado una respuesta directa de Junts per Ripoll. El grupo municipal ha reclamado que la alcaldesa delegue las competencias de la Concejalía de Seguridad a un concejal de su gobierno para evitar cualquier conflicto de intereses derivado de esta situación. La petición llega después de la contratación de Guinadell Orriols, de 19 años, como agente interina el pasado 17 de julio, en el marco de un proceso de urgencia para cubrir la falta de efectivos del cuerpo. Aunque la alcaldesa ha defendido que su hija obtuvo la mejor puntuación y ha negado cualquier trato de favor —"No he colocado a nadie a dedo"—, el debate político se ha centrado sobre todo en el papel que tuvo ella misma en el procedimiento.
Durante el pleno municipal, el portavoz de Junts per Ripoll, Ferran Raigon, dejó claro que su formación no cuestiona la valía de la nueva agente, sino la necesidad de preservar la confianza institucional. "Este asunto no va sobre una hija; va sobre una alcaldesa", afirmó. En este sentido, insistió en que, cuando un familiar directo forma parte de un cuerpo bajo responsabilidad política de la alcaldía, hay que extremar las garantías de imparcialidad. Por ello, Junts considera que la mejor decisión es que Orriols traspase las competencias de seguridad a otro miembro del gobierno municipal. Según Raigon, se trata de una práctica de buen gobierno para evitar "situaciones de conflicto de intereses, tanto reales como potenciales".
Dudas sobre el procedimiento
Más allá de la cuestión política, Junts también ha anunciado que estudiará a fondo el proceso de selección. El grupo pone el foco en varios decretos firmados por la alcaldesa antes de delegar formalmente las competencias. Según se ha publicado, Orriols firmó el 30 de junio un decreto clave que fijaba aspectos como el nombramiento del tribunal calificador, las pruebas y los criterios de evaluación. La delegación de funciones, sin embargo, no se produjo hasta el 3 de julio, ya en la fase final del proceso. Este hecho ha abierto el debate sobre si debía abstenerse desde el inicio, tal como establece la normativa cuando hay familiares directos implicados.
Raigon ha avanzado que su grupo pedirá acceso a todo el expediente para esclarecer si se cumplió el deber legal de abstención. Con todo, ha remarcado que el objetivo es "esclarecer los hechos con transparencia y garantías jurídicas" y ha evitado poner en duda tanto el resultado del proceso como el trabajo del tribunal.
Un proceso bajo presión de urgencia
El consistorio justificó la convocatoria por la "situación operativa crítica" de la Policía Local, con falta estructural de agentes. El procedimiento se tramitó por vía de urgencia, con una selección simplificada basada en una prueba práctica y una entrevista. En total, 24 aspirantes se presentaron, 15 fueron admitidos y 5 llegaron a la fase final. A pesar de este contexto, la intervención inicial de la alcaldesa en el proceso y el retraso en la publicación oficial del nombramiento han alimentado las críticas. Durante el pleno, el secretario municipal defendió que no había irregularidades e incluso aseguró que, en un procedimiento de urgencia, "ni siquiera era necesario hacer un proceso de selección".
El caso ha tenido una fuerte repercusión política y mediática, especialmente porque Orriols ha basado parte de su discurso en la denuncia de los "enchufes" y el partidismo en las instituciones. Esta contradicción es precisamente la que Junts pone sobre la mesa. "Las instituciones no solo deben ser imparciales; también deben parecerlo", concluyó Raigon. El portavoz ha reclamado que se apliquen los mismos estándares de exigencia que la propia alcaldesa ha defendido en otras ocasiones y ha reiterado la necesidad de delegar las competencias de seguridad para proteger la credibilidad institucional.
Mientras tanto, Orriols mantiene que se abstuvo "absolutamente" de cualquier decisión sobre la evaluación de los candidatos y defiende que su hija accedió a la plaza "por méritos propios". La controversia, sin embargo, continúa abierta y amenaza con intensificar el choque político en Ripoll.