Era un secreto a voces: el 9N tenía que acabar en Madrid. En el Tribunal Supremo. Ese era el objetivo de la Fiscalía General del Estado y, si se puede decir así, la posición nunca expresada en público pero si comentada en privado de la judicatura. Desde el Consejo General del Poder Judicial, cuyo presidente, Carlos Lesmes, es a su vez presidente del Tribunal Supremo  hasta el Tribuna Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La presencia del ex conseller de Presidència Francesc Homs, inicialmente no investigado (antes imputado) en la causa, situaba la causa en el carril buscado al ser diputado en el Congreso y, por tanto, aforado. Se podía haber segregado la causa de Homs y mantener a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau en Catalunya pero se ha descartado. Resultado, todos hacia Madrid al banquillo de los acusados.

La evolución de la tramitación de la causa del 9N daría para hacer un libro. O varios. Desde la posición unánime de la fiscalía catalana que no veía causa penal hasta la orden del fiscal general del Estado para que se interpusiera una querella por desobediencia y varios delitos mas. Una dimisión de un fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. Una protesta verbal del presidente del CGPJ al entonces presidente del TSJC Miguel Ángel Gimeno por la lentitud con que se estaba llevando el caso en Catalunya. El relevo hace unas semanas en la presidencia del TSJC en favor de un magistrado conservador, Jesús María Barrientos. El engorro que era para la fiscalía general de Catalunya que una parte del caso siguiera su tramitación en Catalunya, opinión compartida por el magistrado ponente de la causa en el TSJC.

Un día habrá que hacer un repaso de los errores cometidos por el gobierno español, también por el catalán, desde que decidió que sería la justicia y no la política la que decidiría cada uno de los litigios entre ambas administraciones. Quizás sería un buen tema para que abordaran en su reunión de este martes Carles Puigdemont y Pedro Sánchez y demostrar que puede haber puntos de vista diferentes desde el espacio no independentista. Que la voluntad de diálogo con Catalunya también puede pasar por hechos mucho más concretos que la defensa de una España federal.