El Gobierno español en funciones ha dado los primeros pasos para inhabilitar a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. La vicepresidenta del Ejecutivo del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, enseñó sus cartas este viernes, al término del Consejo de Ministros, que pasan de una manera prioritaria por cobrarse la cabeza de la segunda figura institucional de Catalunya. Para ello, el Tribunal Constitucional se reunirá este mismo lunes por la mañana y, simultáneamente, la Fiscalía General del Estado ha empezado a recabar información para actuar penalmente contra Forcadell, el objetivo indisimulado del Gobierno de Mariano Rajoy y a la que nunca se le ha perdonado desde Madrid que iniciara su mandato con un nítido discurso independentista que concluyó con un "Visca la República catalana". De hecho, el jefe del Estado, el rey Felipe VI, declinó recibirla cuando Forcadell le solicitó una audiencia para comunicarle la constitución del Parlament surgido de las urnas del 27 de septiembre.

El acuerdo del Consejo de Ministros plantea toda una batería de medidas legales para tratar de impedir cualquier movimiento del Parlament y del Govern que desarrolle, ejecute o tramite los acuerdos de la cámara catalana que hacen referencia a la comisión del Procés Constituent. Pero siendo ese el envite que concentra toda la atención del Gobierno español, este viernes se le ha abierto un nuevo frente con la entrada en el registro del Parlament de la segunda ley de desconexión, la que aborda el código tributario de una hipotética Catalunya independiente y que no es otra cosa que el embrión de una futura Hacienda catalana.

El Gobierno en funciones de Rajoy vuelve a sentirse desautorizado por el Parlament y trata que el TC y la fiscalía le cubran las espaldas

Es obvio que el Gobierno español vuelve a sentirse desautorizado por el Parlament y trata que el TC y la fiscalía le cubran las espaldas, con el menor desgaste posible para el Ejecutivo. Entre otras cosas, porque no desea despistarse de su objetivo fundamental, que no es otro que alcanzar un acuerdo para la investidura de Mariano Rajoy. Una posibilidad no imposible pero hoy harto improbable y que no hace otra cosa que poner de los nervios a los dirigentes populares. El tema catalán no hace otra cosa que solapar las dos carpetas en un momento que no es electoral y para el que ya están perfectamente alineados junto al PP, tanto el PSOE como C's. Rajoy necesita decir que no le están ayudando en nada y que tienen paralizado el país y este discurso tropieza con la inacción del Ejecutivo español.

El Gobierno español también ha introducido un elemento nuevo en lo que es tratar de evitar resquicios de movilidad al Govern del president Puigdemont con un advertencia también penal si implementa la resolución aprobada por el Parlament el pasado 9 de noviembre. La rápida reacción del Ejecutivo de la Generalitat a través de la consellera de Presidència, Neus Munté, haciendo oídos sordos es un nuevo desafío. También la evidencia clara de que este final de curso ha escorado aún más las posiciones y que este mes de agosto puede acabar deparando muchas sorpresas.