Como acontece cada mes de enero, el Gobierno español ha dado a conocer sus prioridades legislativas para 2022 y, ¡oh, sorpresa!, se ha caído de las iniciativas legislativas del ejecutivo de Pedro Sánchez la anunciada modificación de Código Penal para abordar una rebaja del delito de sedición, que había comprometido con el independentismo catalán desde que accedió al palacio de la Moncloa. Si a la vuelta del pasado verano, el Gobierno alegó para no incluirla que la prioridad era la reforma económica y las modificaciones legislativas necesarias para hacer frente a la covid —una auténtica falacia ya que nada de ello se ha hecho— ahora el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, aún ha sido más escueto limitándose a decir que no figura en la agenda.

Se mantendrá así el anacronismo con el resto de códigos penales de nuestro entorno, donde la sedición sin violencia no tiene equivalencia posible en su legislación. Ese y no otro es el problema con el que ha ido tropezando una y otra vez el Tribunal Supremo a la hora de plantear las euroórdenes de extradición de los independentistas catalanes en varios países europeos y, en todos, con el mismo resultado contrario a los intereses de la justicia española. El diputado de los comunes Jaume Asens ha conseguido que los socialistas estuvieran, al menos en un par de ocasiones, a punto de incorporar la reivindicación en la agenda, pero, al final, se ha caído de la misma.

En parte, porque el derecho comparado europeo obligaría no a una modificación a la baja de las penas, sino a su supresión como delito si no ha mediado violencia. Y eso son palabras mayores con un PSOE a la defensiva, el relato de la derecha mucho más asentido en la opinión publica española y los independentistas demasiado despistados en sus batallas domésticas y poco efectivos a la hora de mantener un pulso con el Gobierno español. El Consejo de Europa fue taxativo el pasado verano cuando pidió a España que modificara el delito y pidió la excarcelación de los presos condenados por el 1-O a través de indultos gubernamentales, lo que se acabó haciendo.

Con las elecciones en Castilla-León convocadas para el próximo mes de febrero, la incerteza sobre un adelanto en Andalucía si los números le cuadran al popular Juan Manuel Moreno, y las municipales en mayo de 2023, el margen para esperar cambios en el Gobierno español en su actuación respecto a Catalunya es muy reducido, cuando no nulo. Se está viendo con la llamada mesa de diálogo, un instrumento que está ya más que amortizado cuando se le daba antes del verano uno o dos años de vida. Ya nadie cree que vaya a solucionar nada y menos el conflicto político entre España y Catalunya, y que haya un acuerdo sobre la amnistía, el referéndum y el derecho a la autodeterminación.

Ese momento si es que existió, que no lo creo, pasó. Ahora el PSOE está en evitar una sangría de votos hacia la derecha y en gestionar las derrotas que pueda tener para intentar llegar vivo a las próximas españolas. Y lo demás, en otra legislatura ya veremos.