El ministro de Hacienda y Administraciones Territoriales, Cristobal Montoro, ha dado su brazo a torcer ante las autonomías rebeldes. Las gestiones que hizo el president Puigdemont ante diferentes titulares de comunidades autónomas, después de que el ministro les culpara del incumplimiento del déficit del Estado en 2015, y la respuesta positiva de responsables como el valenciano Ximo Puig que había planteado incluso una autoconvocatoria de presidentes para protestar han dado paso a la primera convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera en nueve meses. Aunque es una victoria más simbólica que real, ya que la caja sigue estando en manos del ministerio, es obvio que el movimiento de Montoro es a la defensiva, en unos momentos en que el ejecutivo español está en funciones y tiene varios frentes políticos abiertos. Desde el conflicto institucional con el Parlamento por la negativa a comparecer alegando que está en funciones hasta el último frente abierto con la aparición del nombre del ministro de Industria, José Manuel Soria, en los papeles de Panamá.

La reunión de Montoro con las comunidades autónomas, fijada para el viernes, no abordará el nuevo sistema de financiación autonómica. El vigente data de 2009 y tenía una duración de cuatro años, una situación que no ha impedido que desde 2013 el gobierno español haya dado siempre la misma respuesta: no hay dinero y no es el momento. El nuevo sistema de financiación ha sido utilizado como moneda de cambio político y no como solución a los importantes problemas de tesorería de las comunidades autónomas y de una manera muy especial las del arco mediterráneo. Con esta actuación, que obviamente no es neutra, las autonomías se han ido ahogando a medida de que el déficit público se les iba descontrolando ante la necesidad de cubrir servicios básicos de los ciudadanos. El gobierno español, por el contrario, se beneficiaba de la mejora de la economía y sus cuentas siempre eran mucho más pulcras.

Al final, el sistema autonómico ha entrado en una situación de coma irreversible y, más allá del color político, el enfado con el ministro Montoro es importante. El vicepresident y conseller d'Economia, Oriol Junqueras, ya señaló la semana pasada en el Parlament que Catalunya no estaba dispuesta a hacer nuevos recortes y que tendría que ser el ministerio el que cerrara los hospitales. Una imagen gráfica que da idea de los límites reales del gobierno catalán en unos momentos en que el ministro exige rebajar el nivel de gasto en partidas básicas del estado del bienestar.