La visita del presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, a Barcelona, invitado por el Col·legi d'Advocats de Barcelona a pronunciar una conferencia, ha vuelto a abrir la caja de los truenos de lo que fue una sentencia —la del juicio del procés— a todas luces exagerada y que solo en un Estado represor como el español podía llegar a producirse. La protesta llevada a cabo en las inmediaciones de la sede del Col·legi d'Advocats, los incidentes vividos en la sala, donde se desplegó una estelada y una veintena de juristas abandonó el lugar de la conferencia como protesta y la misma protección alrededor de la mesa donde el presidente del Supremo pronunciaba su conferencia reflejan que su visita fue todo menos normal.

También revela que la invitación a Marchena por parte del Col·legi d'Advocats ha sido toda una provocación, como han señalado a lo largo de estos días numerosos juristas. Sea como sea, no se puede olvidar que hace tan solo un año que se concedió por parte del gobierno español el indulto parcial y reversible a los nueve presos políticos —Junqueras, Turull, Rull, Forn, Romeva, Sànchez, Cuixart, Forcadell y Bassa— que han pasado casi cuatro años en prisión y suman entre todos ellos condenas de más de un centenar de años de cárcel y un número similar de años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público o desempeñar cualquier labor retribuida en la administración. Una pena, por tanto, que les condena a padecer enormes dificultades económicas a muchos de ellos durante muchos años, ya que les impide dedicarse a la política o, en otros casos, a la docencia. Hasta en el seno del Tribunal Constitucional, la sentencia ha sido cuestionada por tres de sus magistrados, que la han considerado excesiva y muy poco clara en el delito de sedición.

De nada de eso habló Marchena en su conferencia, que llevaba por título Inteligencia artificial y derecho penal, una materia, sin duda, mucho más cómoda para Marchena en su retorno a Barcelona. La salida de la veintena de juristas independentistas después de que se desplegara una bandera independentista y se acusara a Marchena de convertir el Tribunal Supremo en un tribunal de excepción devolvió la situación placentera que pretendía la sección de derecho penal del ICAB, que era la que lo había invitado. Tanto fue así, que no hubo ninguna pregunta de los juristas presentes sobre la sentencia, ni ningún comentario sobre el procés. 

La protesta contra Marchena también tiene que ver con una posible revisión de los indultos por parte del Supremo, una hipótesis que, aunque carece de base legal alguna y supondría que el mismo tribunal enmendara su doctrina, ha ido ganando fuerza en las últimas semanas, sobre todo a partir de la interpretación sesgada que ha hecho el Supremo de todo lo relacionado con el procés y la independencia de Catalunya. De hecho, en la única reunión que ha habido entre el gobierno español y el catalán, la que protagonizaron el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, la representante catalana quiso conocer cuál sería la actitud del Ejecutivo español si los indultos eran revocados. No ha sido esta la única gestión que se ha realizado y, en todas ellas, la garantía de que llegado el caso habría un nuevo indulto ha sido la tónica de lo que se ha transmitido desde la Moncloa.