No es el Partido Popular el primero que utiliza a los funcionarios como moneda de uso electoral. ¿A qué gobierno no le gusta presentarse antes de una campaña electoral como el que restituye una parte de la paga extra que los empleados públicos perdieron en las navidades de 2012? Pero sí que debería ser el último que se sirviese de una manera tan descarada de lo que en última instancia no es otra cosa que el dinero de los contribuyentes. Anunciar, una semana antes de que se celebre la última ronda de contactos de Felipe VI antes de la convocatoria de elecciones, que durante este mes de abril los funcionarios públicos dependientes de la administración central cobrarán el 50% de aquella paga extra no es ciertamente casual. Y mucho menos que junto a esa comunicación a los sindicatos se haga un segundo anuncio de incumplimiento del déficit público para este año y el que viene, que supondrá pasar del 2,8% previsto a un 3,6% y, en 2017, del 1,4% al 2,9%..
Es evidente que el Gobierno ha decidido, por si había dudas, trasladar al resto de partidos su firme intención de que se acaben convocando las elecciones si el PSOE no se pliega a la gran coalición. Todo ello, una vez se ha hecho evidente que el PSOE no cerrará un acuerdo con Podemos, ya que en estas últimas semanas Pedro Sánchez prácticamente ha desaparecido del mapa mediático al haberse quedado aparentemente sin oxígeno para poder correr la última semana de carrera. En este contexto, destinar alrededor de 500 millones a la paga a los funcionarios es el primer spot electoral de Mariano Rajoy.
Mientras, a la oposición le queda el derecho a la crítica y al legítimo pataleo. Eso siempre es más fácil que hacer autocrítica sobre en qué momento analizaron tan equivocadamente el voto de los electores el pasado 20 de diciembre. Y allí donde los ciudadanos pidieron diálogo en un marco plural y complejo ellos respondieron con líneas rojas y vetos. Al final, que nadie piense que los errores no se pagan. En política, también.