Se quejaba el otro día con razón la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, sobre el riesgo que corre la cámara catalana si se empiezan a aprobar iniciativas legislativas que comportan una gran inversión económica y que todos los diputados saben que no se aprobarán nunca debido al estado paupérrimo de las finanzas de la Generalitat. Su enfado tenía toda la razón de ser: se acababan de aprobar en el pleno inversiones del todo irrealizables que supondrían destinar varios miles de millones de euros para diversas cuestiones en un momento en que la caja está literalmente quebrada. Lo sabe mejor que nadie el vicepresident y conseller d'Economia, Oriol Junqueras, que en la entrevista que publicó El Nacional el domingo también abordaba el tema y expresaba su preocupación por el hecho de que se acabaran de aprobar inversiones por 12.000 millones en un presupuesto de la Generalitat que asciende a 23.000 millones, un auténtico brindis al sol.

Con motivo del debate sobre los conciertos educativos celebrado en el Parlament este miércoles se ha vivido una situación también ciertamente chocante. Como es normal en un grupo poliédrico como Junts pel Sí, que agrupa a diputados de Convergència, Esquerra, Demòcrates, MES e independientes, lo que quiere decir que ideológicamente va desde el espacio democristiano al socialista más catalanista, las posiciones en el tema de los conciertos educativos y específicamente de aquellos que segregan en las escuelas en función del sexo iban desde la aprobación a la repulsa más absoluta. JxSí supo leer rápidamente que la iniciativa de la oposición pretendía legítimamente hurgar en estas contradicciones y actuó como un grupo sin fisuras. Durante la legislatura, la oposición buscará estas contradicciones, que existen. La habilidad de Jordi Turull y Marta Rovira por huir de este esquema se pondrá a prueba permanentemente.

Otra cosa es el debate que tiene que realizarse en Catalunya sobre los conciertos educativos y la segregación por sexos. Aunque en este caso las escuelas afectadas son del Opus, más allá de esta prelatura hay opiniones diversas en la comunidad educativa. Existen en otros países, pero el tema es si deben recibir ayudas públicas. En cualquier caso, es un debate que se producirá dentro de cuatro años que es cuando vencen los conciertos. Por ello, adelantarlo antes con iniciativas legislativas, si no se está dispuesto a llegar hasta el final, es plantear un debate irreal. Máxime cuando la mayoría del Parlament habla de una legislatura que no ha de llegar a los dos años.