Bajo el manto de acabar con una ley de secretos oficiales aprobada en pleno franquismo, en época del almirante Carrero Blanco, y retocada en octubre de 1978, un poco antes de aprobarse la Constitución, el gobierno de Pedro Sánchez está a punto de aprobar el anteproyecto de ley de Información Clasificada que pretende envolver en un manto de opacidad, silencio y oscuridad los principales acontecimientos ocurridos en España durante 50 años desde que sucedieron, con una prórroga excepcional de 10 años más. O sea, en la práctica, nunca sabremos nada en vida de quien llevó a cabo una acción importante y todo quedará a recaudo de los historiadores.

Ello sucederá, por ejemplo, con el 23-F de 1981, que se desclasificaría —si se llegara a cumplir el plazo máximo— en 2041; o los sucesos de la transición o los GAL, que deberíamos esperar a que se desclasificara la información oficial hasta el año 2035 y se podría ir alargando en la década de los 40. Vale aquí también el atado y bien atado, ya que un período tan largo no es habitual en las democracias de nuestro entorno. En Estados Unidos, por ejemplo, todo secreto se desclasifica a los 20 años como máximo, como un ejercicio de una cierta trasparencia y el presidente puede ser juzgado en vida por la opinión pública. En otros países como Francia, Reino Unido, Portugal o Italia acostumbra a ser un plazo de más o menos la mitad del que se pretende implementar en España.

Si nos vamos a la década independentista en Catalunya, iniciada en 2012, deberemos esperar hasta 2072 para conocer cuáles fueron las decisiones oficiales sobre la Operación Catalunya y la voluntad del Estado de aplastar el movimiento soberanista. Aunque haya mucha mierda por enterrar por parte del Estado español —lo que hemos conocido del excomisario Villarejo debe ser solo un aperitivo, por escandaloso que nos haya parecido escuchar cintas de miembros del Ejecutivo que presidió Mariano Rajoy— lo que se pretende hacer por parte del ejecutivo de Pedro Sánchez es del todo escandaloso.

A buen seguro, lo debe tener atado con el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, esa mayoría alternativa con la que saca las cosas adelante cuando no cuenta con la mayoría de la investidura, aquella en la que estuvieron Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Bildu y PNV. La facilidad con la que Sánchez maniobra cuando se trata de proteger cosas trascendentes del deep state no hace sino reflejar que hay una mayoría del régimen del 78 que supera cualquier resultado electoral, que siempre está al servicio de una idea de España y es capaz de protegerse siempre. Cueste lo que cueste.