La negativa del ministro del Interior, Juan Ignacio  Zoido, a reunir la Junta de Seguridad de Catalunya como le solicita el conseller de Interior, Jordi Jané, es de una gran irresponsabilidad. Como lo es que este organismo de coordinación judicial no se haya reunido desde el 3 de marzo del 2009 –en aquella época, con un gobierno tripartito en Catalunya y desde entonces con un Govern de CiU y luego de Junts pel Sí– pese a las insistencias de todos los consellers que han ocupado durante estos años esa cartera. Ha hecho bien Jané, una persona que si por algo se caracteriza es por una prudencia exagerada, en dejar constancia por escrito de su malestar. En un momento en que la amenaza yihadista es real –hace mucho tiempo que la alerta en Catalunya es de cuatro sobre cinco–, Jané evidencia que la colaboración es más necesaria que nunca "en todos los aspectos que puedan redundar en una mejora de la seguridad en este contexto de amenaza difícil y próxima".

Aunque visto el expediente del Gobierno español en los últimos tiempos, no debería sorprendernos tanto, no deja de ser alarmante que se trate de aplicar en materia de seguridad el mismo patrón que se aplica en otros ámbitos. En infraestructuras, por ejemplo. O en financiación. O en becas. Cuando están en juego hipotéticamente vidas humanas no deberían adoptarse decisiones condicionadas por otros litigios políticos por muy importantes que sean. No es eso lo que se espera de un gobernante que sí acepta sin más reunir la Junta de Seguridad del País Vasco, porque el PNV le ha dado los votos necesarios en el Congreso de los Diputados para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y, en cambio, niega su celebración a la Generalitat molesto por el referéndum de independencia convocado por el president Puigdemont.

Como tampoco se espera del ministro una negativa a una convocatoria de 500 mossos prevista por la Generalitat y aprobada por el Parlament en los presupuestos para 2017 atendiendo a las nuevas demandas de seguridad y que esta acabe reducida por decisión ministerial a 50 agentes. Dudo mucho que estas personas, que han de garantizar también la seguridad de los catalanes, se hayan parado cinco minutos a pensar el disparate que están cometiendo. Porque si fuera así no estaríamos ante un problema de incompetencia, sino de mala fe. De mucha mala fe. Entiéndalo de una vez, ministro: con la seguridad no se juega.