Detrás de los discursos grandilocuentes contra Vox de todas las fuerzas políticas hay una realidad mucho más cruda y que ni PSOE, ni PP, ni Ciudadanos, están dispuestos a asumir: sean bienvenidos los pactos para aislar a los ultraderechistas, siempre y cuando no sea yo el perjudicado. En la constitución de la Mesa del Congreso de los Diputados hemos tenido un claro ejemplo de ello y por este resquicio se ha colado el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro. El PSOE ha querido asegurarse la vicepresidencia primera para su diputado Alfonso Rodríguez Gómez de Celis —además de la presidencia para Meritxell Batet— en vez de dejar este cargo en manos de la popular Ana Pastor y conformarse con la vicepresidencia segunda. Si lo hubiera hecho así, hoy Vox no estaría en la Mesa del Congreso de los Diputados.

Y uno no puede menos que comparar qué ha sucedido en otros países cuando se han producido situaciones con alguna similitud. Por ejemplo, cuando era aún incipiente en Francia el Frente Nacional y su presidencia la ostentaba Jean-Marie Le Pen. Estamos hablando de 2002, y después de una primera vuelta de las elecciones presidenciales en que los dos aspirantes que pasaron el corte fueron Jacques Chirac y Le Pen, la izquierda francesa pidió el voto para Chirac. Nada obtuvieron a cambio, y un apagado Chirac logró un segundo mandato que no hizo sino aplazar nuevamente las reformas que el país necesitaba y que hasta la fecha aún no ha realizado. El cordón sanitario contra la ultraderecha francesa funcionó y funciona desde entonces y está fuera de cualquier debate partidista que se realice. Eso, en España, seguramente sería impensable a la vista de que no son capaces de ponerse de acuerdo sobre ¡la Mesa del Congreso!

Hoy, mañana y en los meses sucesivos volveremos a oír discursos sobre el desastre que supone la presencia de Vox en las instituciones —y es verdad— pero las palabras, al final, se las lleva el viento y lo que queda es los que los partidos hacen, no lo que dicen. Será, en parte, porque en España muchas cosas han perdido el rumbo correcto. Por eso, no es extraño que nadie se sorprenda que un fiscal como Javier Zaragoza, que ha llevado el peso del juicio del 1-O en el Tribunal Supremo, asegure a un semanario marroquí que el procés y el referéndum del 1 de octubre de 2017 han sido más perjudiciales que el golpe de Estado del 23-F con Milans del Bosch, Armada, Tejero y compañía a la cabeza.

Es ciertamente asombroso cómo pueden compararse ambos hechos desde posiciones judiciales tan importantes y cómo puede seguirse defendiendo algo que los tribunales europeos ya tumbaron con las euroórdenes anteriores; cuando el Supremo descartó la rebelión y las nuevas euroórdenes con la sedición como bandera tienen por delante un camino repleto de espinas y que muy probablemente no acabarán aceptando ninguno de los tribunales que las estudian. Pero lo que importa, también en esto, es lo que se dice. No lo que se hace.