Después de unos días grogui por las acusaciones de corrupción que se iniciaron con el caso Koldo, subieron un peldaño con el exministro Ábalos y cercaron la puerta del Palacio de la Moncloa a través de la esposa de Pedro Sánchez, el PSOE ha reaccionado a través de una denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso desde 2021, por presunto fraude fiscal y falsedad documental. No son casos comparables unos y otros, al menos por ahora, ni en dimensión económica ni tampoco por el recorrido mediático y judicial que puedan tener. Pero, aprobada la ley de amnistía en la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, los socialistas parecen decididos a no dar la legislatura por muerta y quedar atrapados bajo la corrupción de dos casos que caminan en paralelo: el mal uso del dinero público, también el de la Comisión Europea, en la compra de mascarillas contra la covid-19 y el rescate de la compañía Air Europa.

Como que no es la primera vez que el PSOE y el PP se tiran la corrupción a la cabeza, vale la pena tener una foto del histórico de lo que ha sucedido en estas situaciones. Siempre ha habido un patrón similar de comportamiento. El electorado socialista ha castigado más a su partido cuando se ha situado en medio del charco de la corrupción que cuando las heces se han instalado en los despachos de la formación conservadora. Veremos qué sucede en esta ocasión, ya que no es la primera vez que Díaz Ayuso o algún familiar suyo está bajo la lupa de la investigación y acaba saliendo sin polvo y paja del envite. Ahora, la Agencia Tributaria ha detectado anomalías en las declaraciones del novio de Ayuso de los años 2020 y 2021 que apuntan que habría defraudado más de 350.000 euros en estos dos años a través de una serie de facturas falsas y sociedades pantalla. Con una celeridad tan inusual como encomiable, la AEAT lo ha denunciado a la Fiscalía y esta, con la misma diligencia también loable, ha presentado una "denuncia" y no una querella, que es lo que hacen en el 100% de estos casos. No sé, pero si Fiscalía ve delito, entonces siempre es querella.

Se avanza que en los próximos días tendremos nuevos capítulos del tal González Amador y será entonces cuando podremos saber si, más allá de defenderse, el PSOE dispone de acusaciones de destrucción masiva o, por el contrario, está utilizando balas de fogueo. Por otro lado, tampoco creo que este tema de Díaz Ayuso sea una gran preocupación para Alberto Núñez Feijóo ya que un par de banderillas dolorosas a un rival interno del partido tampoco vienen nada mal, debe pensar el gallego. De hecho, Feijóo aterrizó en Génova después de las acusaciones que profirió Pablo Casado contra Ayuso en 2022 por contratar a su hermano y que acabaron con el entonces presidente del Partido Popular dejando el cargo. Ayuso salió libre de polvo y paja, una vez los juzgados lo archivaron todo. Ahora, Ayuso ha respondido a las acusaciones vertidas sobre su pareja señalando que padece una persecución política.

Por más que se haga la ofendida, Ayuso puede dormir mucho más tranquila mientras no sea un estorbo para el deep state al que pertenece

¿Qué sabrá ella de padecer persecuciones para poder hablar con una mínima consistencia? Por más que se haga la ofendida, la presidenta madrileña sabe que, al final, hay una red de intereses que la recogerá, ya que la judicatura no reparte justicia de la misma manera. Dicho de otra manera, puede dormir mucho más tranquila, al menos, mientras no sea un estorbo para el deep state al que pertenece. Porque las baterías en Madrid no están puestas contra Ayuso sino contra Sánchez, como bien saben el PSOE, el PP y la Moncloa. El último movimiento de la trama de corrupción socialista afecta al comisionista clave del caso Koldo, Víctor de Aldana, que ha contratado a un abogado de postín de Madrid con la intención, supuestamente, de tirar de la manta y llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción a cambio de ver reducida su hipotética condena.

Buen momento para que en todo este chapapote de mierda los partidos independentistas aprovechen para utilizar sus votos en Madrid para revertir el auténtico escándalo de las inversiones del Estado en Catalunya. Los datos de ingresos y gastos territorializados de 2021, que este martes ha publicado el Ministerio de Hacienda, algo que no llevaba a cabo desde 2014, deberían sacar los colores a todos. Se observa claramente que los gastos del Estado son muy superiores en Madrid que en Catalunya. En concreto, las empresas públicas, que concentran buena parte de esta inversión a través de compañías como Adif, Renfe, Enaire y Puertos del Estado, entre otras, invirtieron un 68% más en Madrid. Es obvia, la estafa del gobierno español, pero también la vigilancia y la denuncia pública de la parte catalana. Las empresas públicas del Estado invirtieron 4.423 millones en 2021, de los que 866 (el 19,6%) fueron a parar a Madrid y 515,2 millones (11,6%) fueron a Catalunya, 350 millones menos que a la comunidad madrileña. De hecho, Andalucía recibió casi tanta inversión como Catalunya, 489 millones.

Hasta que Catalunya no consiga salir de este bucle, en el que siempre resulta estafada, su posición política será irrisoria por más que condicione gobiernos o mayorías parlamentarias.