El independentismo político y asociativo está obligado a dar una contundente respuesta política al ataque del estado español de espionaje masivo e ilegal en una proporción no conocida hasta la fecha por ningún estado europeo. Veinticuatro horas después de la grave revelación del concienzudo trabajo llevado a cabo por el centro de investigación canadiense de la Universidad de Toronto, The Citizen Lab, y el extenso reportaje de la revista The New Yorker, se han producido muchas declaraciones, propuestas diferentes, anuncios de querellas e incluso el Govern ha dado por rota la confianza con Pedro Sánchez. Son iniciativas loables pero insuficientes para el grave atentado contra la democracia y las libertades que ha supuesto el caso denominado CatalanGate

Parece como si en el fragor del permanente combate partidista que siempre se vive en la Catalunya que aspira a ser un estado pero que casi nunca se comporta como tal, faltara captar la dimensión histórica del momento. Las instituciones catalanas, sus máximos gobernantes, responsables de entidades, abogados y un largo etcétera han sido atacadas en una situación que incluso la Comisión Europea ha considerado inaceptable y, en un momento, en que el Parlamento Europeo ha creado una comisión para investigar Pegasus y otros programarios espía. Seguramente, ninguna decisión adoptada en la Moncloa ―porque allí está por acción o por omisión el epicentro, que nadie tenga ninguna duda―, con excepción de los GAL, tiene unas consecuencias de tanta gravedad y resulta tan denunciable en un estado de derecho.

Seamos claros: con España no se va a poder contar para esclarecer la verdad. Ni con la España política donde PSOE, PP, Ciudadanos y Vox van a ser una piña. El cordón sanitario a la ultraderecha del que tanto le gusta hablar a Pedro Sánchez acaba siendo en temas como este, en que prevalece la unidad de España por encima del Estado de derecho, un socio que nunca falla. Tampoco se podrá contar con los medios de comunicación y la prensa de papel editada en Madrid con alguna rarísima excepción, al menos este primer día. Por no hablar de las televisiones españolas. ¿Intelectuales?, ¿influencers?, ¿artistas?, ¿profesionales del derecho?, serán pocos los que querrán tener un problema con el Estado español.

Ya se ha empezado a ver: habrá entre indiferencia, falsedades y menosprecio. La primera respuesta de la Moncloa ha sido tan clarificadora que ni tan siquiera ha necesitado disimular. Una negativa total y un recordatorio sobre lo que es un estado de derecho. El camino está, por tanto, sellado a cal y canto. Nunca se reconocerán las actuaciones ilegales que se han llevado a cabo y el hermetismo será total aunque se tenga que apelar a la ley de secretos oficiales. Solo una hipotética intervención de la justicia europea o de alguno de los países en los que se pongan las correspondientes demandas puede abrir una pequeña grieta.

Nadie va a querer depurar responsabilidades ya que es el propio estado quien ha cometido el espionaje masivo a ciudadanos independentistas. El hecho de que afecte, entre otros dirigentes, a los cuatro presidentes que ha tenido Catalunya desde 2010 debería animar a Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès a una respuesta conjunta en defensa de la máxima institución de Catalunya. La presidencia de la Generalitat tiene una obligación política pero también una moral que, al fin y al cabo, es la que perdura en el tiempo. Ingrata en muchas ocasiones, pero obligada. 

Ahora toca a todos ellos estar a la altura no de lo más fácil y lo más cómodo sino de las obligaciones del cargo que uno se ha obligado públicamente a defender y proteger.