La comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, en la conocida como Comisión Pegasus del Parlamento Europeo este martes ha sido una verdadera tomadura de pelo para los eurodiputados asistentes y, por extensión, al público en general. Sus recurrentes respuestas de que la información ya se les facilita a los parlamentarios españoles en la denominada Comisión de Secretos Oficiales del Congreso y la obligación que tienen estos de guardar silencio de lo allí conocido sitúa en el limbo más absoluto no solo el conocimiento de lo que el CNI averigüe o sepa sobre el espionaje realizado con el programa Pegasus a los líderes independentistas catalanes, sino también qué tipo de actuación han realizado los mismos servicios de espionaje oficiales de los casos que han recibido autorización del Tribunal Supremo.

La nebulosa tejida por el gobierno español para poder desenredar la madeja urdida conscientemente sobre el Catalangate, el caso de espionaje conocido más grave de la democracia en un país europeo, solo permite apuntar directamente a los socialistas. Desde que la Moncloa cesó el pasado mes de mayo a Paz Esteban del cargo de directora general del CNI, como fusible para que el escándalo mayúsculo que se había originado preservara a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y contribuyera a rebajar el eco internacional desatado, no ha habido ni movimientos ni noticias que permitan pensar que el ejecutivo de Pedro Sánchez ha tenido algún tipo de interés en conocer algo más que lo revelado por Citizen Lab, el laboratorio de la Universidad de Toronto que investigó durante varios meses el hackeo a diferentes teléfonos móviles. Entre los que pudo certificar están los teléfonos de los últimos cuatro presidentes de la Generalitat —Pere Aragonès, Quim Torra, Carles Puigdemont (no pudo acceder) y Artur Mas—, y varias decenas de políticos, abogados, periodistas e incluso abogados.

Pese al tiempo transcurrido, las denuncias judiciales y las presiones políticas, nada se ha conseguido averiguar. Incluso Amnistía Internacional ha pedido a la Unión Europea que se adopten medidas tras confirmarse el espionaje a varias decenas de dirigentes independentistas catalanes, todo ello sin resultado alguno. El hecho de que después de la información facilitada por Citizen Lab se supiera que también habían sido espiados con Pegasus, según ellos mismos denunciaron, el propio Pedro Sánchez y su ministra Robles lejos de abrir una mínima esperanza de conocer qué es lo que pasó, solo ha servido para justamente lo contrario. En el espionaje a Sánchez y Robles se ha situado, en algún momento, la participación de los servicios de espionaje marroquíes y la posibilidad de que dispongan de algún tipo de información valiosa, algo que la Moncloa siempre ha negado.

Poco le importa al gobierno español a estas alturas que la intervención de la directora del CNI haya causado indignación en el Parlamento Europeo. También que se haya vetado una misión oficial de la Eurocámara a España sobre el uso del programa Pegasus. A estas alturas, en este, como en otros casos relacionados con el independentismo catalán, España ya ha descontado buena parte de su prestigio internacional al anteponer por encima de cualquier otra cosa la unidad territorial. En la videoconferencia con la que compareció, Esperanza Casteleiro, a quien por cierto la presidenta de la comisión tuvo que llamar la atención por irse por las ramas, no solo no ofreció ni la más mínima explicación, sino que ni siquiera lo intentó. Ante tamaño silencio, y por si había alguna duda, la conclusión de los europarlamentarios solo ha podido ser una: que el único interés del estado español es y ha sido esconder a las instituciones europeas el mal uso que ha hecho de Pegasus y el espionaje y la persecución al independentismo catalán.