Una advertencia para unos o una amenaza para otros por parte del Tribunal Supremo ha sido suficiente para que las juntas de tratamiento de las prisiones catalanas donde se encuentran internos los presos políticos hayan denegado que pasen el confinamiento por el coronavirus en sus casas. Es una decisión ciertamente sorprendente cuando en diversas prisiones españolas se está enviando a sus domicilios a penados que ya gozan, como los presos políticos catalanes, del segundo grado y del 100.2 para ir a trabajar al exterior. Además, no ha hecho falta ninguna resolución judicial por parte del alto tribunal para que el resultado final haya sido negativo y ha bastado tan solo una breve nota a los medios de comunicación el pasado martes después de que la consellera de Justícia, Esther Capella, abriera la puerta en una entrevista radiofónica a un confinamiento domiciliario.

Después de las condenas del Supremo a los presos políticos de decenas de años de cárcel, no es exagerado pensar que la advertencia del tribunal a los funcionarios de que podían estar prevaricando con una decisión así ha tenido su impacto emocional en el interior de la conselleria de Justícia, que es, al fin y al cabo, la que tiene que hacer frente a las decisiones que se adoptan. "Alguien se ha asustado", ha señalado gráficamente la consellera Dolors Bassa, actualmente recluida en el centro penitenciario de Puig de les Basses, en el Alt Empordà.

El hecho de que también este jueves el ponente del informe del Consejo de Europa sobre los presos políticos, el diputado letón Boriss Cilevics, haya pedido a España su confinamiento domiciliario para evitar la propagación del virus en las prisiones, en base a que no suponen una amenaza para nadie, no es más que una prueba, otra más, de la actuación, en este caso, si se quiere indirecta, de la inquietante justicia española. Tampoco se ha hecho caso de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que ha pedido la salida de los centros penitenciarios de los reclusos menos peligrosos y, explícitamente, de los presos políticos catalanes.

No son la ONU y el Consejo de Europa organismos cualquiera, aunque aparenten serlo en España por el nulo caso que se les hace y, a buen seguro, el tema no ha acabado aquí. Los líderes independentistas en prisión ya han enviado sendas cartas a ambos organismos denunciando el trato discriminatorio que creen haber recibido por parte de las autoridades penitenciarias y las consecuencias que tiene para ellos. Y la respuesta llegará. Claro que llegará.

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