No ha pasado ni una semana desde que la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, expusiera en la Delegación del Gobierno, con motivo de la toma de posesión de Enric Millo, los ejes de la denominada Operación Diálogo, que el Estado ha empezado ya su desembarco en Catalunya. Se inicia así formalmente y de una manera más gesticular que real, en Catalunya y en España, la batalla por el relato que va a ser clave a la hora de dirimir el equilibrio de fuerzas y conocer la fortaleza real de la apuesta del referéndum que ha comprometido solemnemente en el Parlament el president Puigdemont.
La presencia de dos pesos pesados de la órbita del PP este lunes en Barcelona, el ministro de Justicia y el presidente de la Xunta de Galicia, hay que leerla en esta clave. También el reparto de papeles: el primero, Rafael Catalá, advirtiendo al Govern que el Ejecutivo español impugnará el proyecto de presupuestos de la Generalitat, que se aprobarán formalmente este martes, si contempla partidas específicas para el referéndum. Nada nuevo, por otro lado, ya que desde hace mucho tiempo esta ha sido la actitud del Gobierno español. Un recurso ante el TC detrás de otro. En cambio, el gallego Alberto Núñez Feijóo, en el Cercle d'Economia, aportó, según algunos, la cara más empática del espectro popular después de su tremendo patinazo de hace unos meses comparando el independentismo catalán con el terrorismo y del que nunca pidió perdón. Así, habló de cambiar las líneas rojas de la negociación por los teléfonos rojos del diálogo. Con todo, no estuvo acertado cuando señaló que hay políticos catalanes a los que les gusta vivir en el conflicto, lo que no deja de sintetizar cual es la visión que tiene el PP de la situación. Y ello por más que el Cercle es, en parte, terreno abonado para una reflexión que muchos de sus miembros comparten.
En esta partida de ajedrez para decantar el relato hacia uno u otro bando es especialmente importante cómo va a explicar el Govern de la Generalitat sus próximos pasos: desde la aprobación de los presupuestos a la posterior organización, preparación, negociación y gestión del referéndum. Pasando por la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica en el Parlament. Aquí va a estar la madre de todas las batallas y las dos partes lo saben.