La declaración de inconstitucionalidad de la amnistía fiscal aprobada por el gobierno del Partido Popular en marzo de 2012 es un sonoro bofetón en el rostro del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Llega la decisión del Tribunal Constitucional cinco años después de la presentación del recurso por parte del PSOE y no supone que se tengan que retrotraer los expedients de las 30.000 personas que se acogieron a la misma. Es, sin duda, esta situación la más escandalosa de todas. La que permitirá, más allá de la sentencia emitida por el Alto Tribunal y después de unos días del consiguiente revuelo informativo, que todos aquellos que se acogieron a una regularización del dinero que tenían en el extranjero abonando al Fisco una cuota del 10% se hayan ahorrado pagar el 43%.

El hecho de que con el paso de los años se haya ido sabiendo que algunas de las personas que se acogieron a la amnistía del PP acabarían involucradas en casos de corrupción ha dado aún más una sensación de podredumbre del sistema. También, por qué no decirlo, una sensación de vergüenza por una decisión que el tiempo ha demostrado que era a todas luces injustificada e innecesaria. Hoy sabemos que, además, era ilegal, algo que no deja de sorprender en un gobierno que hace ostentación pública de un estricto compromiso con la legalidad. Los magistrados propuestos por el PP y el PSOE han acordado por unanimidad que contradice artículos de la Constitución ya que, en contra de luchar contra el fraude fiscal, permitió que los defraudadores se aprovecharan.

El ministro de Hacienda, tan locuaz en otras ocasiones, ha mantenido un silencio sepulcral y el portavoz ha sido el ministro de Justicia, llamado a apagar los incendios que le tocan y los que no. Los técnicos de Hacienda han pedido la dimisión de Montoro así como el conjunto de la oposición. Ciudadanos se ha limitado a pedir explicaciones y a ver como escampa la avalancha de críticas sobre el ministro. Es obvio que Montoro no debería seguir ni un minuto más al frente del Ministerio. ¿Como puede permanecer al frente de la Hacienda pública aquel a quien el Tribunal Constitucional ha señalado como el responsable del mayor fraude organizado fuera de la ley pero bajo el amparo de la ley?