El Govern deberá decidir este martes qué solución adopta sobre las fianzas que han de depositar 34 independentistas, una vez se ha hecho público el informe del Tribunal de Cuentas por el que se les reclama 5,4 millones de euros. Entre los afectados están los presidents Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras, así como varios exconsellers entre los años 2011 y 2017, y el dinero que se les imputa como malversado tiene que ver con la proyección exterior de la Generalitat. La decisión del Govern de avalar las fianzas está tomada. La fórmula precisa sobre cómo se formaliza este aval, la cobertura y su temporalidad son los detalles que se han de acabar de pulir y están siendo trabajados por la conselleria d'Economia, que es a la que le corresponde.

Es, seguramente, la primera decisión compleja del nuevo president de la Generalitat y del Govern de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya. Solo hace falta ver el ruido que está provocando en las horas previas donde, por ejemplo, el PSC ya ha hablado a través de su vice primera secretaria, Eva Granados, de un posible riesgo de malversación. Lo ha hecho sin esperar a conocer la decisión oficial del Govern y la arquitectura del aval en lo que respecta a la implicación de la Generalitat a través del Institut Català de Finances (ICF) o de la participación también de una entidad financiera. Son detalles nada menores y muy importantes de conocer antes de invocar la palabra malversación e invitar al estamento judicial a que tome cartas en el asunto.

La experiencia del conseller Jaume Giró en su actividad privada anterior garantiza un camino legal en la concesión del aval, aunque también hay que esperar una reacción virulenta en los medios de comunicación de Madrid. No debería ser así por parte del Gobierno y del PSOE después de la entrevista entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès en el palacio de la Moncloa. Los socialistas son los primeros que saben perfectamente que el Tribunal de Cuentas ha actuado porque se trata de una causa contra el independentismo catalán y no porque haya una situación real a perseguir. No nos engañemos: el órgano que exoneró a Ana Botella como alcaldesa de Madrid en un caso flagrante de irregularidades con unos bloques de pisos en la capital sí que es arte y parte en este asunto. Y tiene intereses en él.

Que la decisión de avalar las fianzas coincida con la comparecencia del president de la Generalitat en el pleno del Parlament para debatir sobre la desjudicialización del conflicto político entre Catalunya y España debería ser una oportunidad para trenzar una amplia mayoría política que estuviera de acuerdo. No hay que ser independentista para considerar un hecho sin parangón la actuación del Tribunal de Cuentas, además de una injusticia que solo busca la muerte civil de una cuarentena de personas arruinándolas económicamente.

Los comunes e incluso el PSC de Salvador Illa deberían dar una oportunidad a los avales que, en la práctica, es una oportunidad al diálogo. Lo contrario es apostar por el clima de crispación y de judicialización de la vida política catalana.

¿Te ha parecido interesante este artículo? Para seguir garantizando una información comprometida, valiente y rigurosa, necesitamos tu apoyo. Nuestra independencia también depende de ti.
Suscríbete a ElNacional.cat