La enésima derrota de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y de su equipo de gobierno frente a los grupos de la oposición no hace sino reflejar algo que por sabido no deja de ser menos preocupante: las mayorías políticas en el consistorio cuestan mucho de alcanzar y el equipo Colau es enormemente frágil para llevar adelante en condiciones la gobernabilidad de la capital catalana. En esta ocasión han sido los presupuestos de la ciudad y antes fueron el Plan de Acción Municipal (PAM) y las ordenanzas y siempre con el mismo resultado: el único apoyo de los cuatro concejales del PSC de Jaume Collboni o sea quince concejales a favor y 26 en contra: CiU, ERC, C's, PP y la CUP.

Lo más preocupante es, cuando se han cumplido dieciocho meses de las elecciones municipales de mayo de 2015 que provocaron todo un vuelco en Barcelona, la incapacidad para alcanzar acuerdos de Barcelona en Comú. No es fácil, ciertamente, ya que todos los partidos tienen sus intereses y el hecho de que haya hasta siete partidos en el consistorio complica enormemente una negociación. Pero era exigible una empatía, al menos con los partidos afines, que ha estado muy lejos de materializarse. Los casos de Esquerra Republicana y la CUP son los más evidentes, por la proximidad ideológica de los comunes y su voluntad expresada en público de tejer una alianza de la izquierda catalana. Y el caso de los antiguos convergentes es quizás el más comprensible desde una óptica exclusivamente ideológica, aunque también el más llamativo por haber desbordado en muchas ocasiones las discrepancias políticas.

Es evidente que esta minoría política no hace sino debilitar a la ciudad que se encuentra inmovilizada en cuanto a proyectos de futuro se refiere. Así, el consistorio barcelonés ha sido más noticia por lo que ha paralizado del equipo de gobierno anterior o también por las promesas de iniciativas que realizaría en el futuro, que por las acciones que ha llevado a cabo. Esta manera de gobernar a golpe de titular es un mal presagio si tiene que durar cuatro años. La nueva política debería diferenciarse de la vieja en la búsqueda permanente de los acuerdos tanto con las formaciones más cercanas como con aquellas que no lo son tanto. El diálogo no solo es exigible al Gobierno de España y al de la Generalitat sino también, obviamente, al Ayuntamiento de Barcelona.