Con el rechazo a las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, Pedro Sánchez logra un hito nada fácil -sacar adelante los cuatro presupuestos del mandato- y, lo que es más importante, la gestión del calendario del final de la legislatura, habida cuenta de que necesitaba llegar al segundo semestre del año próximo, cuando le tocará ser el presidente rotatorio de la Unión Europea. El hecho de que el PSOE haya sumado 187 votos en contra de las enmiendas a la totalidad, los mismos que obtuvo en la sesión de investidura con que arrancó la legislatura, refleja que con todos los vaivenes esperables después de que los socialistas solo lograran 120 escaños de los 176 que marcan la mayoría absoluta, la estabilidad en los apoyos parlamentarios ha sido la nota dominante de estos años.

Sánchez ha amarrado, además de los 35 votos de Unidas Podemos y sus diferentes organizaciones territoriales, con los que gobierna, los votos de Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco, Bildu y los cuatro diputados del PDeCAT que se escindieron de la candidatura de Junts per Catalunya. También otros siete votos de partidos con uno o dos diputados en el Congreso. De su gestión de las dificultades aritméticas en el Parlamento se ha hablado mucho estos años pero la realidad ha sido mucho menos inquietante de lo previsto en 2019 lo que dice mucho de la habilidad de Sánchez pero también de la incapacidad del PP por poner en aprietos al gobierno de izquierdas.

Los últimos votos que ha sumado Sánchez han sido los de los diputados de Esquerra, con los que ha cerrado acuerdos parciales en algunas materias aunque el gran pacto tiene que ver con la sedición, los desórdenes públicos agravados y la reforma del Código Penal. Una modificación del Código Penal que solo tiene el apoyo de Esquerra entre las formaciones independentistas y que ha provocado un abrupto rechazo tanto de Junts per Catalunya como de la CUP. En el caso de Junts, poniendo el acento además en que criminaliza el derecho a protestar.

También se ha insistido desde Junts en señalar intervenciones de varios ministros del gobierno español según las cuales uno de los objetivos de la reforma del delito de sedición era facilitar la extradición del president Carles Puigdemont, algo que ha sido imposible hasta la fecha para frustración del Tribunal Supremo y los jueces Pablo Llarena y Manuel Marchena. Esquerra siempre ha negado que sea más fácil ahora la extradición de Puigdemont y el actual clima de ruptura entre ambas formaciones hace que se esté visualizando en cada episodio una auténtica batalla campal. Como se ha visto también este jueves en el Parlament de Catalunya con la reprobación del conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, que Junts ha facilitado con su abstención.

Queda por ver qué pasa con la malversación, que exige una reforma legislativa pero que todo apunta que va a quedar para otra ocasión. No es una buena noticia pero refleja como Pedro Sánchez va pagando con cuentagotas los apoyos y lo bien que le ha funcionado la estrategia hasta la fecha.