"Puede donarse gratuitamente un riñón, pero no a cambio de precio": Quien formula tan extraña referencia no es otro que el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y, no se refiere, por más que lo parezca, a un caso médico en el que se haya pagado por un trasplante o a una venta ilegal de órganos. El caso es mucho más rebuscado y el abogado bilbaíno, catedrático de Derecho Civil por la Universidad de Valladolid, lo ha utilizado para referirse a la ley de Amnistía sobre la base de que una medida de gracia así no es susceptible de intercambio de prestaciones.

También sostiene que si se obtiene un trueque de beneficios se desvirtúa su naturaleza de negocio político graciable, o sea, gratuito. Sabemos desde el principio que la oposición a la amnistía es prácticamente total por parte del estamento judicial, que se encuentra acompañado de la derecha política, económica y financiera, mediática y social. Igualmente, sabemos que el PSOE no habría transigido con llevarla a cabo si no se hubiera visto forzado por la aritmética electoral. Los votos independentistas eran imprescindibles para que Pedro Sánchez continuara en la Moncloa, ya que los números no le salían con ninguna de las otras combinaciones aritméticas.

La amnistía también es un reconocimiento de culpa del Estado, de los que usaron la violencia policial y la desmesura de los tribunales

Expuesto todo esto, cuesta encontrar amnistías de las que no se pueda acabar deduciendo que una parte ha salido ganando. La amnistía de 1977, aprobada por las Cortes generales españolas, además de dejar sin efecto todas las causas que habían puesto en marcha los tribunales franquistas por rebelión o sedición y contra las libertades, también contra centenares de personas con delitos políticos, impedía juzgar los crímenes de la dictadura, porque se acabó imponiendo el criterio de perdonar a todos, con impunidad total. Se hacía como un gesto con los demócratas españoles, pero en el saco no solo iban ellos.

No es muy diferente a la que ahora se tramita en el Congreso y el Senado. Hay beneficiarios a ambos lados, cuando unos son los agredidos y otros los agresores. Los votantes en el referéndum del 1-O fueron agredidos por los policías, y no a la inversa. Ya sé que no se ve así desde la judicatura y la policía española. Tampoco desde el CGPJ, ni su presidente provisional, el señor Guilarte. Pero si el independentismo catalán valida en una muy amplia mayoría la ley de Amnistía es porque también es un reconocimiento de culpa del Estado, por parte de los que usaron la violencia policial y la desmesura de los tribunales.

Esa lectura no es asumible desde la capital del Reino, pero es la que acaba haciendo el PSOE y la izquierda española. Los votos de los diputados existen, claro está. Pero es la corrección lo que les irrita y no pueden soportar muchos sectores de la política, la judicatura y los medios españoles.