El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial critica duramente la ley de amnistía. La semana pasada, Vicente Guilarte no votó ni a favor ni en contra del informe que aprobó el pleno del CGPJ sobre la amnistía. Votó en blanco y ahora, cuatro días después, explica ampliamente sus motivos y su posición dura contra la amnistía. Su principal argumento es que una amnistía “no es susceptible de intercambio de prestaciones”, ya que eso “desvirtúa su naturaleza de negocio político graciable”. Guilarte esgrime que una amnistía es una “medida de gracia” que se otorga “unilateralmente” por el poder legislativo (la define como “medida gratuita”) y que, por lo tanto, “no puede arbitrarse a cambio de contraprestación onerosa”. Además, reprueba el “sorprendente silencio” de la “faraónica” exposición de motivos sobre el “precedente contractual” que es causa “decisiva” de la amnistía. Se refiere al acuerdo entre el PSOE y Junts por la investidura de Pedro Sánchez.

Y aquí es donde llega la metáfora: “Puede donarse gratuitamente un riñón, pero no a cambio de precio”. “La amnistía no puede ser sinalagmática [bilateral] moneda de cambio de la consecución de una mayoría parlamentaria para la investidura, pues implica convertir la medida de gracia, por definición unilateral y gratuita, en algo bilateral y oneroso”, proclama. Así pues, considera que la norma tiene “contrapartidas políticas de gran relevancia a cargo de los amnistiables” y defiende que, como este planteamiento no se trató “ni en uno ni en otro informe” (elaborados por el conservador Wenceslao Olea y por la progresista Mar Cabrejas), optó por el voto en blanco. Ambos dictámenes “despreciaron” un precedente del que, a su juicio, “debiera partirse”.

En su escrito, Guilarte también sostiene que las amnistías de las que se tiene noticia (menciona, por ejemplo, la de España de 1977 y la de Georgia de 2012) se basan en una “causa gratuita” en el sentido de que “determinan una prestación/prerrogativa a activar por el poder legislativo”, pero “nunca por el amnistiado, que se limita a aceptar agradecidamente, aunque parece que tampoco es este el caso, la extinción de la acción penal otorgada graciosamente por su benefactor”. Esto lleva al presidente del CGPJ a concluir que “no existen precedentes, ni en España ni en el resto de naciones que han acordado medidas de gracia similares, donde la amnistía se haya insertado en una transacción sinalagmática [bilateral], con prestaciones mutuas”.

 

A todo esto, Vicente Guilarte arguye que su voluntad era “ofrecer un posicionamiento neutral” porque considera que “el planteamiento de constitucionalidad tiene sin duda fuertes connotaciones políticas” y pone en valor que es “prudente” mantener una “cierta neutralidad” porque el Poder Judicial “debe abstenerse de intervenir en cuestiones políticas”. Además, ante la elaboración de dos informes de signo contrapuesto, sostiene que si la radiografía “se hubiera limitado al análisis de su articulado, sin entrar en el debate sobre su constitucionalidad”, los vocales hubieran conseguido aprobar un único informe, dado que obedecía a una “lógica jurídica” en la que “prácticamente todos” habrían “estado de acuerdo”. “La polaridad que nos acosa lo ha impedido”, lamenta.

La amnistía “no aparecía” en el programa electoral del PSOE

Vicente Guilarte va un poco más allá y lamenta que la finalidad de la “pacificación política y convivencial” de Catalunya y el compromiso de propiciar una amnistía “nunca fue esbozada previamente en el programa electoral” del PSOE. “Su necesidad surge a partir del resultado electoral y así ha sido expresamente explicitado, con esclarecedora nitidez, por el presidente del Gobierno”, recuerda. A pesar de estas consideraciones, y a riesgo de parecer contradictorio, Guilarte también apunta que es “consciente” de que la doctrina del Tribunal Constitucional “siempre ha sido reacia a pronunciarse sobre las intenciones del legislador que no estén explicitadas en los enunciados normativos de las leyes que son objeto de control de constitucionalidad”. Sin embargo, en este caso, sostiene que “la situación es distinta” porque “realmente existe un enlace causal evidente” entre los acuerdos de los partidos políticos y la amnistía.

Una amnistía para la “pacificación” de Catalunya estaría “legitimada”

En sus nueve páginas de exposición, trasluce un argumento relevante. Guilarte reconoce que el “diseño causal de la amnistía” que se refleja en la exposición de motivos, y que apela a la reconciliación, sí que “legitima su configuración como medida de gracia” a través de la que “quien la propicia tiene por objetivo esencial la pacificación convivencial de Cataluña”. Sin embargo, el presidente del CGPJ insiste reiteradamente que esta no es la causa real de la amnistía.