En una de estas visitas que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría realiza, explica, para "pulsar la realidad catalana" y en las que, sobre todo, se reune con aquellos con los que ya está de acuerdo decidió acercarse un sábado por la tarde a la Fira de Santa Llúcia, instalada frente a la Catedral. Lo hizo con discreción, comentan. Sin cámaras de televisión y acompañada por su familia y unos amigos portugueses. Aunque compró en alguna de las paradas figuras para el belén no consta que se detuviera en la que vende caganers de personajes tan diferentes como Rajoy o Puigdemont y que tan famosos se han hecho en el extranjero. Hubiera podido acercarse a tan solo 50 metros y pedir una reunión con el president Puigdemont en el Palau de la Generalitat o, un par de centenares de metros más arriba, ir hasta la conselleria d'Economia y dar respuesta a la carta de Oriol Junqueras, que le pidió una reunión el pasado 21 de noviembre.

Pero, por lo que parece, la realidad catalana se puede aprender sin hablar con catalanes. De la misma manera que hemos aprendido, con el paso de las semanas, que la Operación Diálogo no va de eso: va de no dialogar. Va de acelerar lo máximo posible los pasos de la administración de la Justicia para actuar contra el independentismo catalán. Un día la presidenta del Parlament, otro un ex president de la Generalitat, otro diferentes miembros del Govern, otro una alcaldesa de Berga y otro un concejal de Vic. El regidor de la CUP de la capital de Osona Joan Coma está acusado por la Audiencia Nacional de un delito de incitar a la sedición en diciembre de 2015 y la Fiscalía pide una pena de hasta dos años y medio de prisión. Toda una desorbitada exageración pero también toda una declaración de principios. Aquel 9 de diciembre, Coma apeló a la desobediencia de los tribunales en un pleno municipal recogiendo el espíritu de la declaración del Parlament en apoyo del procés soberanista.

Por eso la Audiencia Nacional le ha abierto un proceso judicial como investigado (antes imputado) y ha ordenado a los Mossos que lo trasladen a Madrid. La contundente reacción de Puigdemont y de Junqueras, así como de la gran mayoría de actores del procés independentista, poniendo el énfasis en la judicialización de la vida política catalana no contribuye sino a ir cerrando puertas con un Estado que interpreta la petición de un referéndum pactado como una renuncia y no como una oportunidad. Y que Joan Coma se añada a una larga lista de perseguidos por supuestos delitos que no son otra cosa que actos de libertad de expresión.