En una de las últimas reuniones del president Carles Puigdemont con sus consellers, seguramente en el almuerzo antes de iniciar el período vacacional, quedó establecida una hoja de ruta que ni los trágicos atentados del pasado mes de agosto han conseguido alterar: el perfil más alejado posible ante cualquier provocación del Estado, con el argumento de que la posición central del gobierno catalán en el tema del referéndum tiene una mayoría social en Catalunya y una comprensión relativamente alta en la opinión pública internacional. Fruto de esta estrategia, en muchos momentos, sobre todo antes del 17 de agosto, se produjo una cierta inquietud en algunos sectores de Junts pel Sí por el protagonismo dialéctico de la CUP. Nada, sin embargo, ha sido casual, ya que Puigdemont y Junqueras querían que ambos partidos desaparecieran unas semanas del intenso foco mediático y que solo opinaran los políticos de guardia.

Los atentados truncaron esta estrategia. El Govern tuvo primero que hacer frente a una contingencia excepcional, que solo encontró críticas muy puntuales, pero que obligó a los principales miembros del ejecutivo a tener un retorno al trabajo diferente al previsto. A ello se ha sumado estos días la chapucera campaña de documentos falsos fabricados para desacreditar a los Mossos y a sus principales responsables. Más allá del montaje periodístico y de su intencionalidad y aceptando que el daño final ha sido relativo, sí ha puesto de manifiesto algo que no debe ser pasado por alto: la potencia de fuego de los adversarios del referéndum es tan elevada que cualquier acción política que se ponga en marcha tiene altavoces de sobra para contraponer un relato aunque sea mentira.

Esta ha sido la lección de los últimos tres días, porque el debate sobre el trabajo periodístico tiene, sinceramente, poco recorrido. Tan poco que el gobierno español ha pasado públicamente de puntillas, tanto el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, este sábado en Valencia como el portavoz del ejecutivo, Íñigo Méndez Vigo, el pasado viernes en la habitual conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros. De lo que cabe deducir que no están satisfechos con el resultado o que en algún lugar de los aparatos del Estado alguien ha ido demasiado lejos. Con el tiempo ya se sabrá. Pero escuchando a Mariano Rajoy es evidente que de este tema no quiere hablar —el prestigio de los Mossos entre la ciudadanía no se ha visto mermado pese a la brutal campaña— y, en cambio, ha subido varios escalones las amenazas al Govern y a los representantes de Junts pel Sí ante la jornada parlamentaria del próximo miércoles que abrirá la puerta de par en par al conflicto institucional con la aprobación de la ley de Referéndum y de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República y, posteriormente, con la firma del decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre.

Las palabras de Puigdemont pidiendo a la ciudadanía que no caiga en la provocación del gobierno español y que tenga "serenidad y esperanza" frente a "la crispación y el enfado" de las autoridades españolas es mucho más que una declaración improvisada. Es toda una admonición ante el paso del Rubicón de la legislatura catalana