Que Oriol Junqueras ha movido pieza con su anuncio de que el departamento de Vicepresidència está dispuesto a asumir la compra de las urnas del referéndum es una evidencia. Que piensa hacerlo conjuntamente con el conseller d’Exteriors, Raül Romeva, es algo que tampoco debería extrañar ya que tienen el encargo del president, Carles Puigdemont, de organizar y preparar la jornada del 1 de octubre. Un cometido que, por otro lado, como muy bien recordó este miércoles el mismo Puigdemont en sede parlamentaria, no es ninguna novedad ya que lo había oficializado cuando superó la moción de confianza el pasado mes de septiembre.

Es evidente que la iniciativa de Junqueras pretende romper el impasse sobre quién, cómo y cuándo se compran las urnas. Porque lo que también es cierto es que desde el 27 de septiembre, cuando la conselleria de Governació anunció que se declaraba desierto el proceso de homologación de las empresas que optaban al concurso, no hemos sido informados por parte del departamento de ninguna acción más. Sí por parte del Estado, que ha abierto un nuevo proceso judicial por la licitación fallida contra la consellera y su secretario general. Es del todo injusta y desproporcionada la medida auspiciada por la Fiscalía pero no soluciona la compra de urnas. Lo dificulta y es normal que la situación provoque inquietud en el movimiento independentista. Quizás no en todo, pero sí en una parte significativa.

Lo que a estas alturas carece de sentido y de cualquier lógica política es criticar a Junqueras cuando mueve pieza y también cuando no la mueve. Y hacer evidente desde Governació el malestar es, cuando menos, innecesario. Es cierto que por la posición de fuerza que le otorgan a Junqueras las encuestas debe recibir más críticas que los demás líderes políticos, pero el teórico fuego amigo nunca es bienvenido.

Ahora hay una propuesta de compra de urnas encima de la mesa. Quizás de aquí al martes, el día que se volverá a reunir el Govern, habrán otras. Incluso es posible que se acaben comprando colegiadamente las urnas y que cada departamento de la Generalitat asuma la parte proporcional de los 200.000 euros que cuestan. No creo que haya una visión muy diferente de lo que hay que hacer entre Puigdemont y Junqueras. Tampoco con Artur Mas. Ni con Marta Pascal y Marta Rovira, las secretarias generales del PDeCAT y de Esquerra, ni con Jordi Turull y Carles Mundó, por citar dos hombres de mucho peso de cada formación. Aún menos con los líderes de las entidades soberanistas, la ANC y Òmnium. Y las disputas o discrepancias que haya por debajo de estos escalones, sinceramente, son poco importantes. O tendrían que serlo.