Tan solo aceptando la visceral oposición de la izquierda española a la independencia de Catalunya y también la ausencia de liderazgo político, se puede llegar a entender cómo está aceptando sin rechistar, y a remolque de la política de Mariano Rajoy, cómo España está entrando en una peligrosa deriva en que las libertades colectivas, que acaban siendo básicas en una democracia, la libertad de expresión y la de manifestación se están poniendo en serio riesgo con el único objetivo de impedir el referéndum del 1 de octubre.

Lo que está sucediendo estos días es de una enorme gravedad y los demócratas españoles tendrían que verlo con altura de miras, ya que la oposición a la independencia de Catalunya no puede ser una especie de barra libre, donde no se cumpla ninguno de los principios en que se sustenta un Estado de derecho. Así, la policía retira carteles electorales, recoge material de todo tipo de las casetas de partidos políticos perfectamente legales, corta la luz de actos convocados por grupos políticos para que no se puedan celebrar, entra en imprentas y diarios intimidando a sus trabajadores, prohíbe actos no solo en Catalunya, sino también en Madrid, está atenta a manifestaciones de apoyo al referéndum, el último caso el de este viernes en Bilbao. Y, en medio de todo ello, emerge el presidente del Gobierno felicitándose porque la Guardia Civil haya retirado carteles de una imprenta. ¡Como si hubiera detenido a un comando terrorista o a un grupo de narcotraficantes! Y la sala, con unas decenas de personas entregadas, aplaude a rabiar, como si le fuera la vida. Y eso sucede por orden del Gobierno en la cuarta economía de la zona euro y la quinta de la Unión Europea.

Por si fuera poco, sin base jurídica alguna, simplemente por un golpe de autoridad, el ministro Montoro decide suplantar al vicepresident y conseller de Economia y se hace con el control del presupuesto de la Generalitat. ¡Y la clase política española, los socialistas y los ciudadanos callan y se mantienen en un vergonzoso silencio! Por no defender, no defienden ni el Estatut d'Autonomia, ya que ningún artículo contempla semejante disparate. España ha entrado en una peligrosa deriva de erdoganización y sin que a una parte de su clase política le preocupe mucho que en su comportamiento se esté alejando demasiado de comportamientos democráticos. Ver a un Estado practicar una guerra de guerrillas contra un proceso democrático es más difícil de entender que el hecho de que no haya querido sentarse a negociar.

Y eso no es que lo diga una parte de la sociedad catalana, sino que ya empieza a hablarse de la represión española en los medios de comunicación internacionales. Y eso que Rajoy nos adelanta que le van a obligar a llegar a donde no quiere llegar. Y, mientras tanto, ni la concentración de más de 700 alcaldes investigados por la Fiscalía en la plaza de Sant Jaume -el 75% de los alcaldes catalanes- hace reflexionar a un Gobierno que ha puesto la directa de la represión en la confianza de que no habrá 1 de octubre y que, de haberlo, habrá generado tal miedo en la sociedad catalana que la participación será muy baja y servirá de plataforma de despegue para rematar, entonces sí, la muy mermada economía catalana. 

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