Después de muchas semanas de negociación, Partido Popular y Partido Socialista, las dos formaciones hegemónicas desde el inicio de la transición, se han puesto de acuerdo para la renovación de cuatro de los doce miembros del Tribunal Constitucional que debía llevar a cabo el Senado. Dos son a propuesta del PP -Alfredo Montoya y Ricardo Enriquez- y otros dos del PSOE -Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer-. El pacto es remarcable, al menos, por dos motivos: en primer lugar, porque este nuevo TC será el que tendrá encima de la mesa las leyes de desconexión que piensa aprobar el Parlament de Catalunya y la convocatoria del referéndum para el próximo mes de septiembre. En segundo lugar, porque refleja algo que no por sabido es menos relevante: cuando se trata de temas de Estado el resto de formaciones políticas no tienen terreno de juego en el que poder maniobrar. Solo así cabe entender que, por ejemplo, Podemos y Ciudadanos, que suman en el Congreso casi una veintena más de escaños que los socialistas, no hayan podido incorporar ningún candidato. El hecho de que sean elegidos por el Senado es del todo circunstancial ya que lo que se tendría que mirar, en todo caso, serían los equilibrios en el TC de los grupos políticos.

Pero ese, claro, no era el objetivo de la renovación. La entrada de un candidato de Podemos hubiera podido, quizás, ofrecer la idea de una cierta disidencia en el TC y el objetivo de PP y PSOE no es reflejar la pluralidad real que expresan las urnas sino la inexistente unanimidad en la sociedad española alrededor de una posición firme y cerrada en lo que respecta a la cuestión catalana. Lo expresaba muy bien el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, en una muy interesante entrevista que publicamos el pasado domingo. La sentencia del Estatut que emitió el TC en 2010 fue, en su opinión, un auténtico golpe de Estado y ahora toca cerrar el círculo. El acuerdo también es un aviso a Ciudadanos: sus votos son bienvenidos pero no le dan derecho a plato en la mesa de negociaciones cuando se trata de cuestiones excepcionales.

Con estos cambios, a los que habrá que añadir el de su nuevo presidente, que deberá salir de entre los ocho miembros que permanecen en el cargo y que todo el mundo adjudica a Andrés Ollero, el TC se apresta a llevar a cabo una labor que los constituyentes no previeron pero para la cual el Gobierno y el Parlamento le han dado plenas atribuciones. El hecho de que Ollero fuera durante 17 años diputado del PP en el Congreso no parece ser obstáculo para ninguno de los dos grandes partidos para que ocupe la presidencia, como no lo fue que el actual presidente, Francisco Pérez de los Cobos, fuera militante del PP. Así, ciertamente, cuesta bastante explicar la separación de poderes.