La decisión de la fiscalía alemana admitiendo a trámite la demanda de extradición del president Carles Puigdemont formulada por el Tribunal Supremo español y por el juez Pablo Llarena, así como la decisión de mantenerlo en la prisión de Neumünster, conocida a primera hora de este martes, abre el debate jurídico que a partir de ahora se deberá desarrollar en la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein. Lo primero que cabe señalar es que la fiscalía se ha dado prisa en su comunicación, ya que teniendo en cuenta que en Alemania era fiesta el lunes, como en Catalunya, ha querido dar por abiertos los trámites lo más rápidamente posible. En segundo lugar, destacar que la posición de la fiscalía es la esperada y que cualquier otra habría sido una sorpresa descomunal. Baste señalar, aunque sea a título de inventario, que una actitud similar adoptó hace unos meses la fiscalía de Bélgica cuando se inició en aquel país los trámites judiciales de la primera euroorden y semanas después el magistrado Pablo Llarena procedía a retirarla ante el temor a que la justicia belga desmontara buena parte de los argumentos.

En esta ocasión, esto no sucederá, la batalla jurídica llegará hasta el final y el resultado es incierto. La defensa del president Puigdemont ante los tres jueces de la sala primera de la audiencia territorial alemana que estudiará el caso ya sabe cuáles son las batallas que tiene que dar y que son fundamentalmente tres: la primera que se resolverá es si los jueces le mantienen en prisión o si por el contrario se dictan unas medidas cautelares y se le concede la libertad provisional hasta el veredicto final. Los abogados han trabajado intensamente en poder ofrecer a los jueces, llegado este supuesto, una residencia fija con dirección conocida. La recuperación de la libertad provisional a disposición del tribunal sería un primer triunfo, ya que recuperaría una cierta libertad de movimientos y la capacidad de estar presente directamente en el debate político.

Las otras dos batallas tienen que ver con la estrategia de defensa más de fondo para desmontar las acusaciones por los delitos de rebelión y de malversación. En el primer caso, el Tribunal Supremo detalla y la fiscalía alemana acepta que la rebelión se ha basado en un proceso de inconstitucionalidad con disturbios violentos. Y sitúa, sobre todo, dos momentos: las manifestaciones de rambla Catalunya frente a la Conselleria d'Economia y el referéndum del 1 de octubre. El relato de la violencia que relata Llarena deberá ser creíble y aceptado por la sala de Schleswig-Holstein. La defensa de Puigdemont tiene bazas para tratar de desmontar el relato del Tribunal Supremo, que se ajusta, según muchos juristas, bastante poco a la realidad de los hechos que sucedieron aquellas dos jornadas.

Lo mismo cabe decir del delito de malversación, del que hasta la fecha no ha aparecido prueba documental alguna de los 1,6 millones de euros que habría costado la organización del referéndum y que habría pagado la Generalitat. En este caso, además, hay declaraciones en el Congreso de los Diputados tanto del presidente Mariano Rajoy como del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro negando la mayor a preguntas de Ciudadanos. También hay otro informe de la Intervención de la Generalitat asegurando que no constaba en ninguna de las partidas desviación de dinero para el referéndum.

Las fiscalías española y alemana han ido de la mano. Lo previsto. Veremos ahora si los jueces alemanes tienen o no la misma visión que Llarena. Todo está abierto.

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