La renuncia de Santi Vidal a su escaño de senador y la confesión pública de que sus declaraciones no se ajustan a la realidad no zanja el debate político y judicial que se ha abierto, pero sí devuelve a la casilla de salida la tormentosa polémica que se ha abierto. No hay caso Santi Vidal -o, al menos, no tiene la dimensión de aquellos que se han creído a pies juntillas cosas tan extravagantes como que Catalunya ya tenía el apoyo de la OTAN para ser independiente o que dos fondos internacionales estaban dispuestos a facilitar su financiación con 200.000 millones de dólares (el presupuesto presentado por Junqueras para 2017 asciende a 17.724 millones de euros)- y, en cambio, sí hay asunción de responsabilidades en un tiempo récord: quince horas entre que se empaquetaron sus exageradas palabras en diversos actos públicos y su renuncia al escaño en la Cámara Alta.
Dicho esto y evaluada la gravedad del desliz de Vidal, vale la pena abrir el foco para no perderse otros detalles de lo que ha sucedido en las últimas horas. En primer lugar, la celeridad de la Fiscalía General del Estado anunciando la instrucción dada a la Fiscalía de Catalunya para que proceda a abrir una causa sobre posibles irregularidades del Govern a partir de unas declaraciones ya desmentidas. Aunque no hay dos casos iguales, es llamativo el procedimiento exprés de la Fiscalía. También dista mucho de su comportamiento en el caso de las escuchas entre el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex director de la Oficina Antifrau Daniel de Alfonso. Con un matiz que no es menor: en el caso de Vidal son por ahora palabras, no hechos; en el caso Fernández-De Alfonso eran hechos y palabras. Y aquello se zanjó como se pudo y la Fiscalía del Tribunal Supremo no vio delito en la actuación del ex ministro. Por cierto, su resolución fue a partir de la denuncia de dos partidos, no por una iniciativa propia, como es el caso que nos ocupa.
Este mismo jueves, Partido Popular, PSOE y Ciudadanos impidieron la constitución de una comisión de investigación para dilucidar el uso de fondos públicos del Ministerio del Interior para actuar contra el independentismo catalán. Y las causas judiciales que tienen abiertas diferentes personalidades catalanas llegan a los tribunales a partir de febrero. La judicialización de la política catalana pasará a una fase diferente y mucho más concreta. Y es ahí donde Vidal ofrece munición gratis a sus adversarios y poco importa que los cartuchos que ha utilizado sean o no de fogueo.