El Govern de la Generalitat ha dado oficialmente el paso imprescindible para que en 2030 pueda volver a haber unos Juegos Olímpicos en Catalunya, en esta ocasión, a diferencia de 1992, de invierno. Una carta del president de la Generalitat, Pere Aragonès, al presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco certifica el arranque de la precandidatura Pirineus-Barcelona que si supera todos los escollos del Comité Olímpico Internacional (COI), en 2023, en una fecha aún por concretar, sería ciudad olímpica en una votación que se celebrará en Bombay, en la India.

La candidatura tiene activos importantes a su favor y también obstáculos significativos que hacen que, hoy por hoy, sea un proyecto que nace con una división importante entre los grupos políticos y también con una gran apatía por parte de la ciudadanía. El compromiso de Pere Aragonès de llevar a cabo una consulta —sin que se sepa, por ahora, si será entre los habitantes del Pirineo, de Barcelona o de toda Catalunya— introduce además un motivo más de incertidumbre y vaticina un fuerte debate ideológico sobre si se trata de un proyecto de crecimiento sostenible del territorio o, por el contrario, especulativo.

Muy a favor están claramente las organizaciones empresariales y PSC, Junts, PP y Ciudadanos; en contra, la CUP y los comunes; a favor, con muchos matices, Esquerra Republicana. Esta amalgama vaticina un debate acalorado en los próximos tiempos. Nada muy diferente a la ampliación de la tercera pista del aeropuerto de El Prat, como ya se ha visto recientemente. La historia de los Juegos Olímpicos de 1992 celebrados en Barcelona no debería servir como ejemplo para analizar el proyecto del año 2030 ya que, en todos los aspectos, ha llovido mucho desde aquella época.

Los Juegos Olímpicos de invierno arrastran también un debate nada menor sobre la cristalización de sus expectativas, que han quedado bastante por debajo de las previsiones iniciales en las últimas ocasiones. También el hecho de que muchas ciudades importantes hayan declinado albergarlos, por renuncias directas o por referéndums perdidos por sus promotores. El gobierno español de Pedro Sánchez también avala el proyecto olímpico y, seguramente, alberga en su fuero interno que sea un elemento con el suficiente peso inversor que contribuya al deshielo de las relaciones entre Catalunya y España.

No es ningún secreto que el gobierno español va a intentar aguar la mesa de diálogo con salidas por la tangente ante la rotunda negativa a hablar de amnistía, referéndum e independencia. Será, en todo caso, tarea de la parte catalana ser beligerante en sus peticiones y no confundir una mesa política para la solución del conflicto con una de corte inversor en infraestructuras exclusivamente autonomista. Por descontado que se puede exigir un referéndum sobre la independencia de Catalunya y estar a favor o en contra de los Juegos Olímpicos. Son dos planos completamente diferentes siempre que no nos dejemos dar gato por liebre.